Caracas.– Transcurrieron exactamente 24 horas desde que los diputados José Gregorio Noriega (principal por el estado Sucre y recién expulsado de las filas de Voluntad Popular); Leandro Domínguez (suplente del diputado Carlos Lozano, cuya inmunidad fue allanada el pasado lunes) y Jesús Gabriel Peña Navas (suplente del diputado Biagio Pillieri), introdujeron un recurso de nulidad a la reforma aprobada por 93 diputados al Reglamento Interior y de Debate y éste tuviera respuesta.
Una reforma que permitiría a los diputados en el exilio poder participar y votar en las sesiones.
Sin lugar a a sorpresas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad de la reforma alegando que, desde el Parlamento pretenden “asaltar el Estado de derecho”.
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En el desarrollo de la sentencia, alegan también que la Constitución prevé la dedicación exclusiva y la actuación presencial de los diputados y se suman al argumento de los tres diputados demandantes en cuanto a que se le anularía la posibilidad de participar a los suplentes.
El Magistrado Juan José Mendoza -uno de los sancionados por Estados Unidos, por cierto- insistió en que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se encuentra en desacato y por ende, todas sus actuaciones son “nulas”.
Pero fue más allá y señaló que sería irritó cualquier modificación del Reglamento. Uno de los puntos más relevantes de la sentencia 517 expuesta por Mendoza es que “exhorta” al Ministerio Público a investigar penalmente “las presuntas materialización de conductas constitutivas de carácter delictivo” por parte de los diputados, quienes según el Magistrado, “socavan las bases de las instituciones”.
Mendoza, poniendo de ejemplo los Congresos de Colombia y Estados Unidos y los Parlamentos español e inglés, sostiene que la función debe ser presencial y acusa a los diputados en el exilio de haber “abandonado sus funciones”.
También señala que se pretendería el fin del Parlamento con la utilización de un quórum virtual. Por último, ordena remitir la sentencia a la Asamblea Nacional Constituyente.
Actualmente existen más de 30 diputados en el exilio, bien con inmunidad allanada o que han sido sometidos a persecución por parte de organismos del gobierno de Nicolás Maduro.
Esto cobra una mayor importancia al momento de votar por ciertas decisiones que requieren un quórum específico, un quórum opositor que ha sido golpeado desde el momento mismo de instalarse como mayoría en 2016.
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