Caracas.- Una huelga de 24 horas debieron hacer 60 padres frente a los tribunales de protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), para que desde esta instancia se comprometieran a revisar los casos de retardo judicial y fraude judicial que les impiden encontrarse con sus hijos.
El grupo decidió permanecer a las afueras del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas desde la mañana del martes, 27 de abril, en exigencia de atención a sus casos y por lo que consideran una reiterada violación a los derechos de sus hijos.
La protesta fue encabezada por la Fundación de Niños Sustraídos y Desaparecidos de Venezuela (Funvenides), y desde allí explicaron que la mayoría de las causas de este tipo quedan archivadas y acéfalas, pues los jueces inhiben las causas y no ron realizadas las audiencias, tal como expresó a medios de comunicación, Martín Geimonat, presidente de esta organización
Esta institución ha llevado su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde exigen justicia, que les devuelvan a sus hijos y que sea revisado el fraude judicial bajo el que los niños y adolescentes son sustraídos del país con documentación falsa como partidas de nacimiento fraudulentas, permisos de viaje falsificados, sentencias en procesos unilaterales; así como en relación al tráfico internacional de niños con sentencias emanadas de Venezuela.
Oswaldo Osorio, uno de los padres que respalda esta denuncia, explicó que su caso tiene un retardo procesal importante y aunque han avanzado, las sentencias firmes a su favor no se ejecutan. “De que me sirve la sentencia si no hay una majestuosidad que haga que las decisiones se ejecuten, que se cumplan”, dice este padre que tiene cinco años sin poder ver a su hija.
Osorio explica que la mala fe de algunos profesionales y el desacato, y la impunidad reinante mantienen a los padres lejos de sus hijos, por lo que la medida de la huelga de hambre fue una acción desesperada que cesó cuando desde el Tribunal Supremo de Justicia se comprometieron a revisar los casos e instalar mesas de trabajo al respecto.
Tras 24 horas de la protesta pacífica, el grupo fue atendido por José Antonio Zerpa, abogado adjunto del Magistrado Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, coordinador nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se comprometieron a iniciar unas mesas de trabajo a partir del día 10 de mayo de 2021.
Desde esta instancia se comprometieron a permitir la participación de los padres y madres presentes en la huelga de hambre, con sus abogados, con la finalidad de revisar cada proceso judicial y verificar el cumplimiento del debido proceso.
