Guanare. En circunstancias poco transparentes, el Tribunal del Control 2 de Guanare celebró este 13 de febrero una audiencia de revisión de medida judicial y acordó, junto a la Fiscalia segunda, sustituir la medida de privación de libertad por un arresto domiciliario para los jóvenes Osmiler Álvarez y Wilder Flores, imputados por el delito de hurto calificado tras las protestas del 23 de enero en la capital del estado Portuguesa.
Los jóvenes, residentes del barrio Santa María, habrían participado en el saqueo de la planta procesadora de maíz «Delly Arepa», junto a otros siete manifestantes.
El abogado Emanuel Figueroa, de la Comisión de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció que la decisión a favor de Álvarez y Flores obedece a influencias políticas y directrices del partido de gobierno, Psuv, que perjudican al resto de los presuntos participantes, presos en los calabozos de la Guardia Nacional y la Policía del estado.
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Álvarez es militante del Gran Polo Patriótico por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y se desempeña como comunicador popular en la emisora comunitaria Soberana 92.9 FM, de tendencia oficialista. Mientras, Flores es familiar directo de Kelvis Aponte, legislador suplente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y secretario de la cámara legislativa.
De acuerdo con la declaración del abogado Figueroa, se conoció de las presiones que, en nombre del Psuv, hiciera la fiscal superior Amarilys Pérez sobre su subordinada Marianny Rogero y sobre la juez de la causa, Doris Aguilar.
«Se trata de una decisión política que deja en claro la falta de transparencia del poder judicial y la ausencia de separación de poderes «, dijo el abogado. Fue tal el descaro, refirió Figueroa, que la decisión de Aguilar y Rogero se concretó de oficio, sin que la medida de arresto domiciliario fuese solicitada por la defensa.
Fue una decisión exclusiva en favor de Álvarez y Flores, sin hacerla extensiva al resto de los imputados por la misma causa, pese a estar estos en igualdad de condiciones: se les precalifico el mismo delito y se les investiga por la misma conducta.
El representante en Portuguesa de la Comisión de Derechos Humanos de Vente Venezuela abogó por la inocencia de todos los detenidos por protestar contra Maduro en la entidad.
Advirtió que sus liberaciones deben hacerse de inmediato bajo los preceptos de la justicia, sin que medie el tráfico de influencias ni la preferencia partidista.
«Tenemos conocimiento de que también, bajo extrañas circunstancias, revisaron, sin convocatoria de audiencia, otra medida de privación de libertad. Se trataría del hermano de la inspectora de tribunales, Larry Cordero», indicó Figueroa.
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