Caracas.- Transparencia Internacional emitió este 17 de septiembre un informe sobre los hechos del caso Cúcuta relacionado la denuncia que hizo el medio digital Panam Post a propósito de supuestos recursos desviados para ayuda internacional en Colombia y la manutención de los militares que desertaron del gobierno de Maduro y se pasaron a Colombia en respaldo a Juan Guaidó el pasado 23 de febrero.
A propósito de esta investigación, Transparencia Internacional presentó una cronología de los hechos, iniciando por el pasado 23 de febrero, cuando en medio de los acontecimientos de ese día, los uniformados cruzaron la frontera en busca de refugio. El 14 de junio, el Panam Post denunció una situación irregular con estos funcionarios militares en que resaltan como implicados Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, designados por el presidente encargado, Juan Guaidó para atender sus requerimientos.
Incidencias
Del medio de comunicación sale a flote una serie de incidencias que redondean el caso: la cifra de los funcionarios que cruzaron hacia el país vecino fue inflada a más de 1.450, cuando en realidad eran 700, según datos aportados por inteligencia colombiana. Además incurrieron en gastos excesivos de vestimenta y un gasto de más de 3.000.000 de pesos en hoteles y discotecas, solamente por una noche, y reportaron pagos con sobreprecio en siete hoteles cuando solo les correspondían dos. Asimismo presentaron facturas que «no correspondían con la realidad».
En continuidad con las incidencias en las que incurrieron, el Panam Post indicó en su momento que utilizaron un correo electrónico falso para invitar a “una cena benéfica con el fin de recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares”.
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El día de la denuncia que realizó el medio digital, Guaidó afirmó a través de la red social Twitter que la delegación en Colombia había manejado “con austeridad y limitaciones económicas” la situación de los uniformados y solicitó al embajador en Colombia, designado por el Gobierno interino, Humberto Calderón Berti, que presentara las denuncias formalmente a autoridades colombianas. En efecto, las presentó ante la Fiscalía de Colombia. Además el también jefe de la Asamblea Nacional, al siguiente día, separó de sus cargos a Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, los dos funcionarios objeto de la denuncia.
Transparencia Internacional para determinar la existencia de eventuales inconsistencias en el manejo de los recursos se valió de entrevistas con los implicados, registró y sistematizó la información publicada en reconocidos medios de comunicación sobre este hecho, también acudió a registrar las declaraciones efectuadas por las autoridades competentes.
También solicitó copias de facturas, pagos, soportes, informes de auditorías, denuncias formales relacionados con esta situación y realizó entrevistas a Calderón Berti y los dos funcionarios implicados.
En este sentido, indican que existen dificultades para determinar si realmente hubo desvío del dinero, pagos con sobreprecio o malversación, pues para ello sería necesario realizar un rastreo de los movimientos financieros y más entrevistas a representantes de empresas privadas y a particulares, en una investigación más a fondo que escapa del alcance de una veeduría ciudadana.
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Patrimonio público
Entre los hallazgos que arrojó la investigación, en gran parte los entrevistados se valieron de la premisa de que el dinero fue aportado por fundaciones y donaciones y que por lo tanto no forma parte del patrimonio público venezolano para emitir pagos a discreción, sin evaluar la pertinencia de rigor.
El informe explica que según el artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción indica que todo recurso asignado a un funcionario adscrito a un órgano o entidad pública, para el desempeño de una función pública de interés para la nación, es dinero público y el mismo debe ser sometido a registro, verificación, evaluación y seguridad en las operaciones. De lo contrario, los funcionarios podrían recibir dinero, para el desempeño de funciones, sin ningún tipo de control, lo que no solo conllevaría a la inexactitud de la información financiera; sino que promovería la creación de conflictos de intereses.
Debilidades
Otra de las conclusiones que aporta este informe es que hubo debilidades en los procedimientos relacionados con el manejo delos recursos. Destaca que no existe información pública sobre los ingresos captados, ni sobre los programas o proyectos atendidos; sin embargo, fueron consignados documentos que registran las planificaciones, pero algunas carecen de fecha, firmas y sellos.
Tampoco se publicó informe de rendición de cuentas de los dos meses y medio que estuvieron en el cargo, ni fue suministrado algún instructivo formal para efectuarla. No obstante, se destaca que atendían situaciones urgentes y, de acuerdo a la información dada por los dos delegados, recibían órdenes verbales de presentar rendición de cuentas de los gastos al jefe del despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero.
Igualmente añaden que es de suma importancia los hallazgos que obtenga la Asamblea Nacional, que inició las averiguaciones horas después de que los hechos fueron del conocimiento público. Es una investigación de la Comisión de Contraloría del Parlamento, instancia que hasta esta la fecha no ha emitido un pronunciamiento.
El informe detallado recomienda que toda actividad del Estado, que no sea confidencial o reservada dentro de las limitaciones constitucionales debe ser del dominio público, para que haya una transparencia de los fondos.
