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El fiscal general, Tarek William Saab, insistió el 13 de octubre en que la muerte del militar y exministro Raúl Baduel, considerado preso político desde su detención en 2009, fue por un paro respiratorio consecuencia del COVID-19 y acusó a sus familiares de mentir, al negar la tesis del funcionario.
«Él fallece de una crisis hipotensa, tuvo una crisis respiratoria que le dio como consecuencia final producto del avance del COVID-19 que tenía, un paro respiratorio», afirmó en una entrevista para el canal privado Globovisión.
Saab aseguró que se comunicó con la esposa de Baduel cuando estaba siendo tratado por un médico y que le remitió fotos sobre su estado físico y también la valoración médica.
«Solo informo que ellos no están diciendo la verdad, a pesar de tener la documentación que se le entregó vía chat y que lo va a corroborar hoy (…) Porque esto está y si ellos desean una segunda autopsia con médicos privados, que ellos pueden enviar, lo pueden hacer», agregó.
La hija del general, Andreina Baduel, acusó más temprano al gobierno venezolano de asesinar a su padre mientras se encontraba en prisión.
«El régimen asesinó a mi amado y valiente papá Raúl Baduel. Recientemente tuvimos la fe de vida de él; es falso que tenía COVID-19. Él nos reiteró, una y otra vez, que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y fe», escribió en Twitter.
Por su parte, el abogado de la familia Baduel, Omar Mora Tosta, declaró al canal en línea VPI que la causa de la muerte debe investigarse y que la familia está solicitando que les sea entregado el cuerpo.
«Que les entreguen (a la familia) el cuerpo del general y no ocurra, como en otros casos, que ellos (las autoridades) disponen o lo creman o disponen de las personas a su placer», indicó Mora Tosta.
A finales de septiembre, la hija de Baduel había pedido constatar las condiciones de salud del general tras denunciar el traslado de su padre de los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocidos como «La Tumba», a otra sede del mismo organismo.
Según el abogado de la familia, el exministro «venía quejándose» de «muchas consecuencias de ese encierro injusto, de ese aislamiento y tortura blanca dentro de ‘La Tumba’ durante tanto tiempo».
Baduel fue un fiel aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.
Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.
En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena, que se prolongó hasta su muerte, pese a que en 2015 se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debió finalizar su pena.
Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.
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