Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento venezolano. Foto: captura de la aplicación Zoom.
La situación de los adultos mayores fue abordada este martes, 10 de noviembre, en la sesión virtual de la Asamblea Nacional (AN). El diputado Arnoldo Benítez (Aragua-Causa R) recordó que el Parlamento, en manos de la oposición, ha aprobado leyes como la de pensiones no contributivas y otras que el gobierno de Nicolás Maduro no ha reconocido en estos cinco años.
Benítez propuso que la Asamblea Nacional asuma el compromiso de garantizarle a todos los jubilados y pensionados, en Venezuela y el exterior, la cancelación de deudas existentes, así como asumir el compromiso de mejorar los montos de las pensiones y que este pago sirva para satisfacer las necesidades básicas.
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El parlamentario, además, hizo referencia al hecho de que el gobierno de Maduro se apropió del fondo de pensiones en el exterior, «mientras los jubilados y pensionados pasan trabajo».
En relación con este punto, el diputado Marcos Bozo (Carabobo-PJ), presidente de la Comisión de Desarrollo Social, acusó al gobierno de Maduro de haber robado tres mil millones de dólares a trabajadores jubilados de PDVSA, específicamente del fondo de pensiones, al cambiar los estatutos y agregó que «pudiese ser más porque no hay acceso a estados financieros».
Por su parte, el diputado Héctor Vargas (Zulia-UNT) pidió al Parlamento asegurar los recursos necesarios y ofrecer asistencia técnica a los adultos mayores.
El acuerdo, aprobado por la mayoría de diputados, establece el acompañamiento a los jubilados y pensionados de todas las áreas de trabajo a nivel nacional, “en su lucha para que se haga valer su derecho al Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, aprobado por la Asamblea Nacional”.
También señalan que profundizarán el compromiso del Parlamento de trabajar, “una vez restablecida la democracia”, en la elaboración de un plan para la restitución de pagos de pensiones en el exterior, suspendidas desde 2015, así como la posibilidad de cancelación de lo adeudado a sus beneficiarios.
Asimismo, asumen el compromiso de reformar la legislación pertinente que conduzca a otorgar 100% del último salario a jubilados de la administración pública, una vez cumplidos los requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral.
Los parlamentarios aprobaron desconocer la modificación de estatuto que hizo la Asociación de Pensionados y Jubilados de PDVSA, en noviembre de 2014, por resultar inconstitucional y acordaron ordenar el pago regular de los intereses acumulados por PDVSA, según los planteamientos de los afectados, así como la entrega de los estados financieros del fondo de pensiones desde 2016 a 2019.
Consignarán ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la situación de jubilados y pensionados venezolanos, en el país y en el exterior, por la vulneración de sus derechos.
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Finalmente, se comprometen a investigar, «una vez cese la usurpación», los hechos cometidos por el gobierno de Maduro en contra de los jubilados y pensionados para así determinar las indemnizaciones correspondientes.
Ante las inundaciones que se han registrado en el estado Táchira y que han dejado tres mujeres fallecidas; 1.300 familias damnificadas y 7.000 que lo han perdido todo en el municipio Junín, según cifras que coinciden incluso con las reportadas por el gobierno de Maduro, la diputada Karim Verá (Táchira-PJ) pidió que la Asamblea Nacional y el gobierno encargado soliciten apoyo internacional para la entidad a través de organismos multilaterales.
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