Un tribunal militar le dictó cinco años y nueve meses de prisión al líder sindical Rubén González | Foto: Archivo
Caracas.- “Hay que demoler la vieja y corrupta clase politiquera venezolana”, aseguró Hugo Chávez el 11 de noviembre del año 2000. Se refería a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). En ese momento, señala el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, comenzó el hostigamiento hacia el movimiento sindical venezolano.
Durante los últimos 20 años, que lleva el chavismo al mando de Venezuela, Provea ha contabilizado 130 sindicalistas sometidos a procesos judiciales por organizar protestas, exigir salarios dignos, respeto a la contratación colectiva, o incluso por denunciar el aumento de una bolsa de comida, como le ocurrió a Darío Salcedo, delegado sindical del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura. El pasado 5 de mayo fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y hasta la fecha sus familiares desconocen qué delitos le imputan. En abril, el dirigente había reclamado que la bolsa de comida que le vendían en el instituto pasó de costar Bs. 15.000 a Bs.1.500.000.
Alvarado explica a El Pitazo que algunos de la cifra total de sindicalistas judicializados tienen hasta nueve años bajo un régimen de presentación; primero los obligaban a presentarse en tribunales cada 8 días, luego cada 15 y en la actualidad deben acudir mensualmente.
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“Chávez dijo en una oportunidad que en socialismo no se necesitaba sindicato y que debían desaparecer. Cuando llega Maduro al poder, algunos pensamos que, siendo civil y sindicalista, iba a desmilitarizar la sociedad venezolana y a darle más participación en su gestión, también pensamos que promovería el diálogo en el movimiento sindical. Ocurrió todo lo contrario. Este es un gobierno antisindical”, detalló el abogado.
Con este patrón de persecución, comenzado por Chávez, se intenta amedrentar y debilitar el movimiento sindical crítico, a través de medidas en las que participan los organismos controlados por el Ejecutivo: Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y cuerpos de inteligencia. Además, se ha promovido el paralelismo sindical con la creación de la Central Socialista de Trabajadores, la cual, según indica Alvarado, goza de privilegios para renovar sus directivas y realizar reclamos ante el Ministerio del Trabajo, a diferencia de los demás sindicatos y centrales de trabajadores que no son afines al gobierno de Maduro.
Al menos seis líderes sindicales han sido procesados ilegalmente en la justicia militar, de acuerdo con el reporte de Provea. Los cinco primeros pertenecen al sector de la construcción y fueron detenidos por exigir en las adyacencias del fuerte militar el pago de salarios. Durante tres meses estuvieron recluidos en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, y luego se les abrió un proceso en la corte marcial que duró dos años. Nunca se pudo demostrar la comisión de un delito.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González, es un ejemplo de los atropellos cometidos por el gobierno en contra de la clase trabajadora del país. El abogado laboral y director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, sostiene que a pesar de que los delitos imputados a González fueron ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, a este líder se le judicializa por exigir junto a los trabajadores de Ferrominera del Orinoco el respeto a las tablas salariales, que se terminó de pulverizar en agosto de 2018 cuando se produjo otra reconversión monetaria en el país.
El 28 de noviembre de 2018, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia Nacional detuvieron a González mientras viajaba al estado Bolívar, luego de acompañar una movilización laboral en Caracas. Casi nueve meses después lo condenaron en un tribunal militar a cinco años y nueve meses de prisión y se mantiene recluido en la cárcel La Pica, ubicada en el estado Monagas. Y aunque sufre de hipertensión y sus familiares han solicitado atención médica, pocas han sido las veces que lo han llevado a una revisión o que ha recibido tratamiento para atender su padecimiento.
No es la primera vez que Rubén González está preso. Desde 2009 hasta 2011 estuvo detenido en un comando policial por promover una huelga en la empresa básica de Guayana. Un juez del circuito judicial penal le dictó siete años de prisión, pero luego de protestas se anuló la sentencia y se le siguió un juicio bajo libertad condicional, del cual fue absuelto.
Otro sindicalista de Sintraferrominera permanece preso por un delito que sus compañeros aseguran que no cometió. En 2011, detuvieron a Rodney Álvarez y lo imputaron por la presunta comisión del delito de homicidio calificado contra Renny Rojas López, un trabajador de Ferrominera del Orinoco, que murió luego de que el dirigente sindical Héctor Maicán disparara varias veces para entorpecer un acto electoral, de acuerdo con el testimonio que dieron algunos trabajadores a la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo que se instaló en Venezuela en 2019.
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Casi dos meses tiene Elio Mendoza preso. Es supervisor en Planta Pella de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y lo acusaron de instigación al odio y difamación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, por reenviar un mensaje de Whatsapp que señala al titular del Poder Judicial como integrante de la banda “Los Enanos”.
Casi a la par de esta detención se produjo la de Tania Rodríguez, extrabajadora de Ferrominera del Orinoco. Aunque se desconocieron los delitos imputados, Rodríguez difundió un mensaje en el que mencionaba a la constituyente y esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. El 5 de abril, un tribunal de Puerto Ordaz, estado Bolívar, dictó una medida de arresto domiciliario para Rodríguez.
A la también dirigente la despidieron en 2019 por denunciar irregularidades dentro de la fábrica del sector acero.
El pasado 3 de octubre, la Comisión de Encuestas de la OIT reseñó el sometimiento de trabajadores y sindicalistas a la justicia militar y recomendó a Venezuela “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno”.
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El profesor Arismendi detalló que el Estado viola el derecho a percibir un salario suficiente, tomándose como referencia el costo de canasta básica, como señala el artículo 91 de la Constitución. “El ingreso mínimo en Venezuela no llega a seis dólares mensuales. Es el más bajo del mundo”, detalla.
También se transgrede el derecho a la negociación colectiva, y, en consecuencia, se impide que las condiciones laborales mejoren. Maduro viola los convenios 87 y 95 de la OIT que hablan de la libertad sindical y de la protección del salario. También irrespeta la consulta tripartita que establece el organismo internacional e impone un salario que es absorbido por la hiperinflación.
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