Caracas.- “Los informes preliminares del grupo técnico nos permiten establecer que existe un cúmulo de irregularidades en el manejo de los procesos administrativos”, dijo por segunda ocasión Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la comisión especial que investiga las denuncias de corrupción en la comisión de Contraloría.
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De esta forma se ratifica que la forma en que fue manejada esta instancia parlamentaria no corresponde a lo estipulado en el reglamento de la propia comisión.
Foliación; archivos; registro de las comunicaciones oficiales de la comisión; sello itinerante; expedientes de finiquitos “viciados”, no correspondiendo al reglamento de la comisión, finiquitos a documentos existentes o no en el seno de la comisión sin su debida sustentación en la correspondencia, son parte de estas irregularidades halladas en estos casi 15 días de investigación, tras 21 comparecencias.
El asunto del sello de la comisión ha sido algo denunciado específicamente por los diputados José Brito y Adolfo Superlano, que aparecen señalados en esta trama de corrupción. Zambrano explicó que, efectivamente, solo se halló un sello: el de la secretaria. Este está ahora en manos del secretario de la comisión especial, José Luis Cartaya.
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Este detalle no es menor: Brito había asegurado el día de su comparecencia que ante la falta del sello —que, según denunció, se lo había llevado Freddy Superlano, ex presidente de la Comisión de Contraloría—, utilizaban uno que decía “vicepresidencia” para sellar los documentos. Sin embargo, este sello tampoco se halló.
Incluso, Brito mostró documentos con ambos sellos para demostrar su punto. Otro detalle es que en la denuncia hecha por el portal Armando.Info, el documento que libra de responsabilidades a Carlos Lizcano lleva el sello de la secretaria de la Comisión de Contraloría.
Los diputados Guillermo Luces; Ismael León; Carlos Berrizbeitia; William Barrientos; Héctor Vargas; José Brito; Conrado Pérez; Luis Parra; Richard Arteaga; Chaim Bucaram; José Luis Pirela; Freddy Valera y Freddy Superlano fueron los parlamentarios interpelados.
También comparecieron Anderson Abreu, el secretario de la comisión de Contraloría, que ha sido señalado de extorsionar a empresarios según el dicho del diputado Adolfo Superlano; Raimon Orta, técnico en grafología; Angibel Santiago, encargado de la correspondencia de la comisión; Federman Acosta, técnico de la comisión; William Parada, técnico de la comisión y Roberto Deniz, periodista que firmó el trabajo en Armando.Info.
El diputado Adolfo Superlano; Carlos Herrera, director del portal Primicias24; Luis Ramírez González, notario quinto del Municipio Chacao y Gregoria Calzadilla, registradora del Distrito Capital, también fueron citados pero se negaron a comparecer.
Zambrano informó que, dado el material entregado por los interpelados y en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa y presunción de inocencia, se volverá a interpelar a los diputados Emilio Fajardo, Freddy Superlano, Adolfo Superlano, Guillermo Luces, Richard Arteaga, Conrado Pérez, Luis Parra y Carlos Berrizbeitia.
Buscando “entrar a fondo” en esta investigación, la comisión especial que mantiene intervenida a la comisión de Contraloría también citará a expertos en grafología y cotejo de documentación para ir construyendo el informe que será presentado en plenaria, posiblemente en un mes.
La extensión se debe a que los peritos consultados han establecido que, por la cantidad de documentos por revisar, necesitarían un promedio de 25 a 30 días para ofrecer resultados.
Aunque Zambrano no quiso profundizar en lo que calificó como “manejo poco ortodoxo”, se refirió a audios, actas y asistencias que se cotejarán con las supuestas sesiones realizadas en la comisión de Contraloría.
En cuanto a la denuncia interpuesta por Francisco Torrealba ante la Fiscalía, Zambrano recordó que a la Asamblea se le ha tratado de anular su función contralora. Sin embargo, sostiene que seguirán investigando porque la corrupción “no tiene color. Es corrupción y hay que combatirla”.
El trabajo periodístico de Armando.Info denuncia que al menos ocho diputados estarían involucrados en una trama de corrupción para “lavarle la cara” al empresario Carlos Lizcano, representante de Salvafoods, empresa que maneja las tiendas Clap.
Lizcano estaría relacionado con el empresario colombiano Alex Saab, sancionado en Estados Unidos e investigado en Colombia y Europa.
