Maduro tendrá carta blanca para hacer los negocios "que sean necesarios" para la República. | Foto: Prensa Presidencial
El pasado 29 de septiembre Nicolás Maduro entregó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el proyecto de ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos con el objetivo de «plantar cara y superar la persecución criminal del imperio estadounidense», con la promesa de resolver problemas económicos fundamentales como la recuperación del salario de los trabajadores y la caída de la producción.
La propuesta ha sido objeto de fuertes críticas, incluso desde sectores del chavismo, especialmente por el carácter de confidencialidad y reserva con el que se podrían ejecutar las acciones en el marco de esta ley.
El artículo 34 del texto presentado ante la ANC dice: «Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional».
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Luis Britto García, en un artículo del 3 de octubre, dice que el régimen de confidencialidad y reserva que propone el artículo 14 del proyecto de ley podría contradecir los artículos 57 y 58 de la Constitución relacionados con el derecho a la información y la libertad de expresión. «Una simple ley no puede derogar dichas normas de rango constitucional ni transitoria ni definitivamente, motivo por el cual sus propuestas deben respetar el texto de la Carta Magna», señala el escritor y jurista.
Por su parte, el artículo 16 del instrumento legal que propone Maduro establece la creación de un registro separado en el tesoro nacional para los ingresos adicionales que se generen con la aplicación de la ley.
Textualmente dice lo siguiente: «Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la aplicación de las disposiciones de esta Ley Constitucional, luego de costos, gastos, inversiones y recursos atados a la administración de pasivos, se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano, así como a la recuperación de su calidad de vida y la generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades y potencialidades».
Britto García señala que este aspecto va en contra de los numerales 6 y 7 del artículo 187 de la Constitución, los cuales establecen que corresponde a la Asamblea Nacional discutir y aprobar el presupuesto de la nación y los créditos adicionales, el artículo 314 que restringe los gastos adicionales a los previstos en el presupuesto, y el 315 que establece la claridad de las cuentas públicas y la obligación de rendir cuentas.
«No nos queda claro es la necesidad de la confidencialidad en el uso de tales ingresos adicionales de divisas, sea que éstas provengan de las exportaciones, de endeudamiento o de la venta de activos», dice Pasqualina Curcio en un artículo publicado este miércoles 7 de octubre en el que cuestiona varios aspectos del proyecto de ley.
Curcio también critica la propuesta de un salario compensatorio, que, a su juicio, implica mantener los niveles de salarios actuales y compensarlo por la vía del Estado con lo que le «alivia la carga de la burguesía».
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La desaplicación a normas legales «para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan a la actividad administrativa…» solo generaría actos nulos, dice Britto sobre otro de los elementos que presenta esta ley.
«Un solo poder, el Ejecutivo, podría así anular a voluntad las normas del Poder Legislativo, sin necesidad de pronunciamiento del Poder Judicial, concentración de potestades que ahondaría el conflicto entre Poderes actual y serviría de pretexto para acusaciones de autoritarismo por parte de la oposición», apunta el escritor.
La constituyente María Alejandra Díaz, también en un artículo publicado en Aporrea, cuestiona el alcance del instrumento legal y considera preocupante la posibilidad de que en el marco de esta ley se suspendan garantías desarrolladas en normas sublegales y se pierda soberanía por la desaplicación y flexibilización del ordenamiento jurídico por tiempo indefinido y en secreto.
«En definitiva, si el poder constituyente originario, colisiona con sus propias reglas de autorregulación, o con principios supranormativos, como creemos es el caso de algunas disposiciones del presente proyecto de ley antibloqueo y por ello lo alertamos, corremos el riesgo de convertirnos en un poder ‘irregular’, en una doble acepción, a) la primera, según una visión histórica ya superada, por no encontrarse bajo normas, y b) la segunda, porque no es actualmente legibus solutus y puede padecer, claro está que en menor medida que el poder constituyente derivado, de defectos jurídicos de irregularidad, de forma y contenido», escribió Díaz.
La constituyente destaca que la situación de emergencia o necesidad se debe resolver agotando todos los recursos contemplados en la Carta Magna.
«Resulta entonces inconcebible que, alegando una real situación de necesidad, real, nadie la niega, surja un derecho de necesidad con potencialidad para producir el nacimiento, la alteración o la desaparición de cualquier norma del ordenamiento jurídico (incluso la Constitución), suscitándose incluso un ‘deber de salir de la legalidad’, de ser ello indispensable», continúa Díaz.
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El exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, califica el instrumento legal presentado por Maduro como la «ley del saqueo» y la compara con el decreto de Carmona Estanga. Resalta que esta ley busca derogar la constitución y las leyes, al tiempo que usurpa los demás Poderes Públicos con lo que incurriría en un abuso de poder.
En su extenso artículo, Ramírez señala a Maduro de querer privatizar el sector público incluyendo sectores estratégicos como el petróleo a favor de sus operadores privados. “Ya sabemos que dichos activos irán a parar a manos de los «agentes» y la «burguesía revolucionaria» que, bajo el amparo de este gobierno, se han venido apropiando de facto de la economía Estatal, activos y empresas”, escribe el exministro.
Los constituyentes Telémaco Figueroa y Régulo Reina también cuestionaron la constitucionalidad del proyecto de ley enviado a la ANC. Una de las críticas desde las filas del Partido Comunista de Venezuela (PCV) es la posibilidad de reprivatización de empresas nacionalizadas. Desde el MAS también manifestaron su desacuerdo.
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