Por: Alejandro Hernández
La separación entre el poder civil y militar, y la configuración de las Fuerzas Armadas como instrumento al servicio de la democracia resultaron factores clave para la estabilidad de la democracia venezolana que inició en 1958. No obstante, ese camino se torció con Hugo Chávez en la Presidencia, ya que desde sus inicios buscó articularse con los mandos militares para asegurar el control del poder e hizo todos los cambios normativos necesarios para marcar el rumbo de lo que hoy es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
El historiador Elías Pino Iturrieta, los abogados Juan Manuel Raffalli y José Ignacio Hernández, y los periodistas Sebastián de la Nuez y Hernán Lugo-Galicia analizan este proceso de politización de la Fuerza Armada y de convertirla en un poder público gobernante, entrega preparada por La Gran Aldea y que puede consultar completa en “Venezuela, país cuartel”.
Nicolás Maduro, al llegar a Miraflores en 2013, coincidiendo con el colapso de la industria petrolera y el desplome en los ingresos de la nación, ya no disponía de recursos para seguir la misma línea de acción de su predecesor, que recurrió al afán armamentista para construir poderosas alianzas internacionales con naciones como China y Rusia, y marcar distancia de Estados Unidos. Pero eso no impidió que Maduro acelerara esa transfiguración de las Fuerzas Armadas bajo el estímulo de un “beneficioso” modelo que sigue intentando sostenerse a cualquier precio.
No hay una línea divisoria entre militantes de un partido y la Fuerza Armada y de esta forma el chavismo traza sus planes para mantener el control político y social en el país, a través del componente militar y con el uso de la represión, como política de Estado.
Los porcentajes de presencia de oficiales en los ministerios varían con los años y según cómo fluye la situación política del país, en especial en momentos de inestabilidad, pasando entre 29% y 52% de los cargos. Un peso que ha incidido en la evolución histórica de la nación.
La codicia de la Fanb por el poder ha terminado en “gobernabilidad autoritaria” y en la existencia de un “Estado cuartel”, en el cual los militares controlan ministerios, empresas del Estado, gobernaciones y parlamentos nacional y regionales. Pero también han recibido facilidades para crear su propio conglomerado de industrias en diversas áreas y han sido administradores de recursos públicos.
La pérdida del carácter institucional del sector militar se observa, de manera objetiva, en el desplazamiento del civil en la contraloría de la Fanb. A través de una reforma legal, se le quitó al Parlamento la atribución de revisar, evaluar y aprobar los ascensos militares, como lo hacía antes el Ministerio de la Defensa y la Comisión de Defensa del extinto Congreso.
Además, la actual Fanb cuenta con tres estructuras que no sólo desconocen a los gobernadores como primera autoridad civil, sino que se imponen sobre estos y tienen más poderes: Las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi), las Zonas Operativa de Defensa Integral (Zodi) y las Áreas de Defensa Integral (ADI).
La cúpula castrense tiene también el poder de “declarar la guerra” contra cualquiera que considere adversario, sin que sea remitido previamente al Parlamento.
