Los médicos fueron detenidos por publicar información o críticas al gobierno en sus estados de whatsapp; el abogado, por apoyar una protesta de pacientes renales y los periodistas por informar | Foto: composición
Caracas.- Las detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado se han incrementado durante el último mes, desde que inició la cuarentena o la alarma por el COVID-19 en el país. Así lo denunció el Foro Penal Venezolano, que contabiliza al menos, 39 detenciones arbitrarias en el mes de marzo y lo que va de abril.
Las aprehensiones, según revela la ONG, se producen porque los ciudadanos no usan tapabocas, porque violan la cuarentena o porque denuncian alguna arbitrariedad por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
“Las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos, como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena, son comunes en diversas zonas del país. Las personas son detenidas por unas horas por no portar mascarilla o por abrir un comercio no permitido”, señala el resumen emitido por el Foro Penal.
Pero las detenciones también abarcan otros hechos: más allá de responder a violaciones de las medidas preventivas contra el COVID-19, periodistas, médicos y abogados también han sido detenidos en el cumplimiento de sus funciones o por documentar algún abuso de poder de los funcionarios de los cuerpos de seguridad.
A continuación un resumen de los casos documentados por El Pitazo.
Este 15 de abril la GN detuvo al periodista Arnaldo Rafael Sumoza González (54 años) por grabar una protesta en la comunidad de El Sombrero, en el estado Guárico. Los manifestantes exigían el restablecimiento del servicio de agua. El comunicador fue detenido junto con otras dos personas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció la detención del comunicador social Eduardo Galindo Peña, quien además es directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Apure. La detención de Galindo Peña fue realizada por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el argumento fue una publicación que realizó el comunicador en el sitio web Senderos de Apure.
La Red Justicia Libertad denunció que en Cojedes en los últimos días se han producido al menos ocho detenciones arbitrarias de ciudadanos. Las aprehensiones se producen porque las personas no llevan tapabocas o violan el horario de la cuarentena. Son puestas en libertad luego de recibir una charla preventiva sobre el COVID-19.
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El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la detención este 15 de abril del ginecólogo Luis Araya, médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora. La detención del médico fue realizada por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) por la publicación de un estado de Whatsapp en la que criticaba a un funcionario del gabinete de gobierno de Nicolás Maduro. El galeno fue llevado a la Zona de Defensa Integral de Barquisimeto en el estado Lara, luego de ser sacado de su consultorio privado. Su familia no supo de él sino hasta el 16 de abril.
En un audiencia de presentación en los tribunales de Carora, Lara, Araya fue imputado por instigación al odio. Además, le impusieron una medida cautelar de presentación cada 30 días, por lo que actualmente se encuentra bajo libertad condicional.
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El coordinador de la ONG defensora de DD.HH. Movimiento Vinotinto, Henderson Maldonado, también fue privado de libertad durante el mes de marzo, luego de que se declarara la cuarentena nacional. A Maldonado lo detuvieron en el Destacamento 121 de la GN de Lara por respaldar la protesta de unos pacientes renales. Aunque el abogado y activista ya se encuentra en libertad, a su salida de la cárcel denunció en el Ministerio Público que fue golpeado con botellas de agua fría en la cabeza por un efectivo de la GN.
Una bioanalista de nombre Andrea Sayago fue detenida por publicar en su estado de Whatsapp las órdenes médicas para realizar pruebas de detección del COVID-19. La profesional de la medicina prestaba servicios en el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo, en Valera. Tras ser detenida fue imputada por los delitos de traición a la patria, violación de la privacidad, incitación al odio y otros aún no revelados. La aprehensión de la bioanalista fue practicada el sábado 4 de abril.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció a través de su cuenta oficial en Twitter la detención del concejal Heddye Antonio Cristancho, su representante ante la Cámara Edilicia del municipio Guanare, la capital del estado Portuguesa. La detención ocurrió, según testimonios de militantes del PCV, en la estación de servicio Cuatricentenaria, en la zona sur de la ciudad, por grabar irregularidades de la Guardia Nacional con la venta de gasolina. Posteriormente fue liberado.
Con información de Foro Penal, Movimiento Vinotinto, ONG Justicia Libertad, Equipo de corresponsales El Pitazo
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