Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Foto: Gabriela González.
¿La crisis de Venezuela es producto de las sanciones? Aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en esta tesis para justificar los problemas del país, Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, reconoció que no.
La funcionaria de la ONU, primera relatora a la que el gobierno de Maduro le permite visitar el país, indicó en la presentación de su informe preliminar, tras dos semanas de visita, que había problemas antes de las sanciones, pero que estas han exacerbado las calamidades.
También reconoció que las sanciones no serían el único problema del país, sino que hay que tomar en cuenta otros factores. Sin embargo, insistió en que el impacto de estas han sido catastróficas.
Douhan se reunió con una “gama de interlocutores”, en la que predominaron funcionarios gubernamentales. Según dijo, las víctimas con las que habló no hicieron referencia a persecuciones del gobierno sino a la imposibilidad de viajar o movilizar cuentas bancarias, entre otras.
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Tras hacer un resumen de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Grupo de Lima, instó a levantarlas, en especial las relacionadas al congelamiento de fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) y las que pesan sobre el petróleo y el oro. “Los recursos del BCV pertenecen al Estado y no al gobierno”, dijo.
Aunque en su declaración señalaba que las sanciones han generado violaciones a derechos humanos como la alimentación, la salud, la vivienda y hasta de acceso a la justicia y derecho a la defensa en el caso de los funcionarios sancionados, sostuvo en cuanto a las violaciones de derechos políticos que el tema salía de su mandato.
Durante más de una hora, Douhan habló, y ofreció datos, de problemas del país que el gobierno de Maduro no había reconocido públicamente.
Por ejemplo, reconocí que Venezuela tiene cuatro años en hiperinflación; que 2,5 millones de personas están en inseguridad alimentaria; que entre uno y cinco millones de venezolanos han salido del país “a buscar mejoras en sus vidas”, pudiendo calcular una disminución de la población en 27 millones; que la devaluación del bolívar generó la disminución del salario mínimo ya que las personas ganan entre 1 y 10 dólares.
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En ese sentido, reconoció que los trabajadores públicos perciben entre 2 y 3 dólares mensuales lo cual les impide atender sus necesidades y que pone a 90 % de la población en pobreza extrema; el aumento de la “economía gris”, la migración, el tráfico de personas y drogas, mano de mano de obra infantil, entre otros.
Reconoció el desabastecimiento de los hospitales y la falta de equipos de protección para el personal médico. Aunque dijo que las sanciones han impedido la compra de equipos y recursos para mejorar la infraestructura, señaló que existe una vacante de entre 50 % y 70 % de cargos médicos y que sólo el 20 % de los equipos funcionan en hospitales.
Uno de los argumentos más usados por el gobierno de Maduro, el relativo a los transplantes de médula a niños a través de un programa con la fundación Citgo, fue mencionado por la relatora asegurando que 50 niños se habían visto afectados tras la “traspase” de la empresa.
Se refirió específicamente al caso del Hospital Cardiológico Infantil, ubicado en Caracas, el cual visitó. Al respecto señaló que ha disminuido cinco veces sus cirugías.
También mencionó que le preocupa el aumento en las tasas de mortalidad neonatal, infantil y materna así como el aumento del embarazo en adolescentes ante la falta de información y el acceso a anticonceptivos. Los problemas en los servicios públicos también fueron abordados por Douhan que los justificó por la imposibilidad de comprar repuestos por las sanciones.
Asimismo, Douhan manifestó preocupación por el mal manejo de ayuda humanitaria por la falta de normas claras para el trabajo humanitario como el enjuiciamiento de activistas por lo que solicitó que estas normas se aclaren pero también exhortó a los actores humanitarios a limitarse en sus funciones.
La relatora sostuvo que Venezuela depende en su totalidad de la importación de medicinas que antes, según ella, eran distribuidas gratuitamente por el gobierno de Maduro.
Al tiempo que señalaba esto, Douhan recomendaba una especie de tutelaje al gobierno de Maduro por parte de la ONU y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no solo para la compra de alimentos y medicinas sino también para la compra y distribución de las vacunas contra el COVID-19 para garantizar que no haya discriminación para lo cual, nuevamente pidió que se desbloquearan los fondos del BCV.
Entre sus recomendaciones instó al gobierno de Maduro a trabajar coordinadamente con el Programa de Naciones Unidas (Pnud) para facilitar el trabajo humanitario de las organizaciones no gubernamentales y garantizarles su seguridad así como también a que entable conversaciones con los países que han aplicado las sanciones.
Según la relatora, el gobierno de Maduro tendría represados seis mil millones de dólares en el extranjero y que el país actualmente “vive” con el 1 % de los ingresos que tenia antes de las sanciones aunque reconoce que uno de los factores de la crisis es la caída de los precios del petróleo. En cuanto a las remesas, dice que están también han disminuido por “el bloqueo de activos”.
Aunque para Douhan existen dos problemas: uno que la mayoría de las sanciones violan el derecho internacional y dos, que el impacto de las mismas no ha sido evaluado, reconoció que no puede estimar el impacto económico puesto que hay que considerar múltiples factores.
Consultada sobre la petición de varias ONGs para que interceda con el gobierno de Maduro en que permita la visita de otros relatores, Douhan señaló que se espera que muchos relatores puedan visitar el país y que para ello debe haber coordinación entre el gobierno de Maduro y el Consejo de Derechos Humanos.
También defendió su trabajo asegurando que la visita de cualquier relator u organización internacional se basa “en principios de independencia, imparcialidad y amplitud” y que su agenda se construyó en la oficina del Alto Comisionado y ella interviene en con quiénes pueden reunirse. Esto ante los cuestionamientos que desde la oposición se han hecho en relación a su visita acusándola de servir a la propaganda gubernamental
Douhan presentará su informe final en septiembre de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos por lo que pidió a todos los actores a seguir enviándole información.
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