Foto: Archivo
Luego de realizarse este domingo, 6 de diciembre, unas cuestionadas elecciones parlamentarias que han sido rechazadas tanto por el gobierno interino de Juan Guaidó como de instancias internacionales como la Unión Europea, EE. UU. y el Grupo de Lima, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre cuál será la próxima vez que será convocada a las urnas a depositar su voto.
Horas después de conocerse los resultados que daban la victoria al oficialista Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro anunció que desde ya su maquinaria partidista se prepara las elecciones regionales previstas para 2021, donde la ciudadanía debe elegir a sus gobernadores y gobernadoras.
Fue precisamente en las últimas elecciones regionales, el 15 de octubre 2017, que los partidos de la mayoría opositora participaron por última vez, nuevamente con un resultado que favoreció al Polo Patriótico y no estuvo exento de denuncias de fraude. Ya para las elecciones municipales del 10 de diciembre de ese año, la Mesa de la Unidad Democrática se abstuvo por primera vez de participar y desde entonces no han vuelto a las urnas, al alegar que no existen condiciones electorales que garanticen la transparencia del proceso ni la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mientras no sean atendidas las exigencias de elecciones libres, democráticas y transparentes por parte de los principales partidos opositores, su participación en los comicios venideros de momento parece improbable. Sin embargo, esto no parece detener a Maduro, y con su acostumbrado «llueva, truene o relampaguee», aspira a seguir con su agenda electoral.
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Aunque la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro está en entredicho por la Asamblea Nacional, lo cierto es que todavía quedan cuatro años antes de que el autodenominado «presidente obrero» decida disputar nuevamente su cargo.
Según el artículo 230 de la Constitución, el período presidencial es de seis años, con posibilidad de reelección inmediata e indefinida (según la enmienda constitucional de 2009), por lo que Maduro tienen opción de presentarse cuantas veces desee. Igualmente, el artículo 231 señala que el presidente electo asumirá su cargo el 10 de enero del primer año de su período constitucional.
Al haber sido elegido presidente por primera vez en abril de 2013, el elecciones presidenciales debían de haberse realizado en 2019, sin embargo, fueron adelantadas un año por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por lo que celebraron el 20 de mayo de 2018 y posteriormente Maduro se juramentó rompiendo todos los protocolos constitucionales ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 10 de enero de 2019.
Con todo esto en cuenta, las próximas elecciones presidenciales deberían ser convocadas por el CNE para finales del 2024 y su ganador asumiría el cargo el 10 de enero de 2025.
No obstante, es posible que no haya que esperar tanto. La actual directiva de la Asamblea Nacional promueve en una de las preguntas de su Consulta Popular que se realizará del 7 al 12 de diciembre la posibilidad de realizar unas elecciones tanto presidenciales como parlamentarias, con todos los requisitos que establece la ley. Una vez se conozcan los resultados de la consulta, quedará a disposición del gobierno encargado organizar la convocatoria y fijar su fecha.
Las elecciones de 2018 son consideradas ilegítimas por parte de la Asamblea Nacional, que no reconoce la juramentación de Maduro ante el TSJ y desde el 23 de enero de 2019 ha cubierto su declarada vacancia del cargo con un gobierno interino dirigido por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.
Al no reconocer las presidenciales de 2018, la AN debió promover una repetición de los comicios que no ha logrado concretarse debido la permanencia de facto que Maduro ejerce del poder, y la dificultades que han tenido para renovar el CNE, proceso que terminó atribuyéndose el TSJ con la designación de los nuevos rectores.
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De acuerdo al artículo 72 de la Constitución, todos los cargos de elección popular en Venezuela son revocables, incluyendo al presidente de la República. Según recoge la misma ley, «transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato».
De este modo, tal y como han manifestado sectores minoritarios de la oposición como el líder del partido El Cambio, Javier Bertucci, existe legalmente la posibilidad de que Maduro salga del poder antes del 2024 si inicia una solicitud de referendum revocatorio en la mitad de su período presidencial, que sería en los primeros meses de este venidero año 2021.
El artículo explica que una vez convocado el revocatorio, debe participar en la votación un número igual o superior al 25% de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral, y se debe obtener un porcentaje igual o superior al resultado con el que fue electo el presidente en sus últimos comicios para que su cargo sea revocado de manera inmediata. Es de recordar que el CNE asegura que Maduro ganó en 2018 con 67,84% de los votos.
De concretarse exitosamente una eventual revocación popular del mandato de Maduro, el artículo 233 de la Constitución dice que deben ser convocadas nuevas elecciones dentro de los 30 días siguientes, mientras se ocupa del Poder Ejecutivo de manera interina la Vicepresidencia de la República, ocupada hasta el momento por Delcy Rodríguez.
La figura del referéndum revocatorio no es ajena para la oposición. El 15 de agosto de 2004 se utilizó por primera vez contra el fallecido expresidente Hugo Chávez, quien resultó airoso luego de que 59,1% de los electores escogiera ratificarlo en el cargo. En 2016, la Mesa de la Unidad intentó un proceso similar contra Maduro, que no llegó a realizarse, debido principalmente a las trabas impuestas por el CNE durante la fase de recolección de firmas.
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