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miércoles, 1 mayo, 2024
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Rector Picón pide a ciudadanos denunciar uso de recursos del Estado en campaña

Denunció que en la campaña para elegir nuevo gobernador en Barinas se han usado espacios y recursos del Estado sin ningún control para favorecer a Jorge Arreaza, candidato del oficialismo

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Caracas.- El rector de la Junta Nacional Electoral (JNE) del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón pidió a la ciudadanía mantener las denuncias sobre el uso de recursos por parte de entes del Estado para favorecer una tendencia política en las nuevas elecciones de gobernador para el estado Barinas, previstas para el próximo 9 de enero.

“El control ciudadano ha hecho posible documentar y denunciar estas situaciones. Es fundamental que esa contraloría se mantenga activa durante estos días para denunciar cualquier intento de subversión del voto universal, directo y secreto del pueblo de Barinas”, dijo Picón, quien a través de un hilo en Twitter mostró algunas de las situaciones irregulares de la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la entidad.

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El rector denunció que en Barinas se ha visto el despliegue de altos funcionarios del Estado, como diputados, ministros, presidentes de institutos y representantes de los cuerpos de seguridad. También reveló el uso de instalaciones y edificios públicos para actos de campaña, acopio y almacenamiento de bienes para distribuir durante la campaña, así como el uso de vehículos y bienes de organismos públicos para eventos proselitistas.

El funcionario criticó además la promoción del candidato oficialista a través de las pantallas de los medios del Estado, como Venezolana de Televisión (VTV) y diversas campañas en redes sociales con el apoyo de cuentas de entes y funcionarios públicos.

En este sentido, Picón afirmó que los mecanismos de fiscalización y penalización disponibles para el CNE “son insuficientes para controlar una acción concertada del Estado en campaña electoral”.

Por esto, sostuvo que se hace necesaria una reforma en los estatutos electorales para evitar situaciones similares en futuros procesos comiciales. Esta debe establecer mecanismos efectivos de fiscalización, así como sanciones adecuadas para desmotivar a funcionarios del Estado a incurrir en estas prácticas.

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