CNE | Foto: Cortesía
Caracas.- El rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, presentó al directorio del CNE la propuesta «Directrices vinculantes en materia de propaganda electoral anticipada», un anteproyecto que tiene como finalidad reglamentar las actividades políticas y electorales previas a la campaña electoral del próximo 21 de noviembre.
Defiende la importancia de dicha iniciativa en un momento en el que Venezuela se prepara para un proceso electoral y paralelamente «a un diálogo con miras al entendimiento nacional».
«El CNE debe vigilar el cumplimiento de las leyes electorales en cada una de las etapas del proceso y no solo en la campaña formal. Una vez presentados los candidatos ante el CNE, el 29 de agosto, empieza el desarrollo de un planteamiento político por parte de cada uno de los actores. De allí la importancia de la aprobación consensuada de estas directrices, para que puedan ser aplicadas en el lapso que empieza después de las postulaciones», reza el comunicado.
Entre las normas que establece el documento, está: todas las actividades de carácter público así como la difusión de mensajes, imágenes y grabaciones, entre otras, por parte de precandidatos, candidatos, partidos políticos, militantes, electores, comunidades y organizaciones indígenas, para promover votos a su favor o de alguna parcialidad política, deben ceñirse estrictamente al tiempo de campaña establecido en el cronograma.
El rector Márquez indicó también que «toda propaganda de campaña anticipada debe ser penalizada por el CNE y para eso debe aprobarse el conjunto de normas establecidas en el documento presentado».
Márquez recordó que el pasado sábado, el gobernante Nicolás Maduro participó en una reunión con candidatos del Psuv, y en dicho evento, transmitido por VTV, canal del Estado, manifestó su apoyo a las candidaturas de ese partido.
A esto, aseguró que se entiende «que el mandatario tiene una dualidad: es presidente y a la vez es líder de esa organización. La Constitución no le impide tal dualidad, lo que sí le impide es que, como jefe del Ejecutivo nacional, promueva candidaturas. Los funcionarios públicos están al servicio del Estado, no de una parcialidad política. Aquí hay una abierta violación a la Constitución y las leyes».
Consideró que el CNE está obligado a «denunciar y corregir» ya que «demanda establecer directrices para normar las actividades políticas y candidaturales que se realicen previo al inicio de la campaña electoral, así como durante la misma campaña. Así se evitará que los recursos que el Estado otorga a los funcionarios públicos sean usados en beneficio de alguna parcialidad política».
En la propuesta también contempla la prohibición expresa del uso de recursos, instituciones y medios públicos para la difusión de propaganda electoral. La prohibición se extiende a los procesos internos de selección de candidatos en organizaciones con fines políticos.
Una de las directrices planteadas por Márquez se refiere a la obligación de los medios de comunicación privados y los que integran la red de medios públicos, en relación al cumplimiento de los «principios constitucionales de la paz, democracia, responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, y la imperativa atención a los estándares de la información plural, oportuna, veraz e imparcial».
La normativa en cuestión «evitará favorecer o perjudicar a alguna candidatura o partido político, y procurará mantener un justo equilibrio en la programación y cobertura mediática de la campaña».
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