El defensor de derechos humanos y coordinador general de Provea detalló las implicaciones para el gobierno de Nicolás Maduro de la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre la formalización de la investigación a Venezuela por los crímenes de lesa humanidad
Entrevista: César Batiz | Redacción: Lenys Vargas
El coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, valoró positivamente la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de abrir una investigación formal en el caso de Venezuela. Sin embargo, reconoció que los activistas de derechos humanos han aprendido a moderar sus expectativas ante este tipo de situaciones, con el fin de dar soporte a las familias de las víctimas que buscan justicia, ya que «estos procedimientos son largos y ameritan paciencia».
En una entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz, Uzcátegui se refirió a la incidencia de esta decisión en los altos funcionarios en la cadena de mando. «Si tuvieran un mínimo de autoestima deberían renunciar para no verse involucrados con el Gobierno, investigado por delitos de lesa humanidad», destacó.
Lo que hoy sabemos es que el fiscal Karim Khan tenía la decisión de pasar a la fase de investigación y el Gobierno lo que ha hecho es poner sobre un papel las responsabilidades que ya tenía como firmante del Estatuto de Roma, está obligado a cooperar
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea
Agregó que la reacción que generará en la Fuerza Armada y los cuerpos policiales será muy importante: «Si se demuestran los crímenes de lesa humanidad, esa cadena de mando podría llegar al propio Nicolás Maduro».
Admitió sentirse absolutamente confiado por la imparcialidad del fiscal de la CPI, Karim Khan, para evitar cualquier acción del gobierno de Nicolás Maduro de frenar la decisión de investigarlos.
Uzcátegui dijo que se sorprendió al escuchar las declaraciones de Khan y ver la firma del documento de acuerdo. «Mi primera reacción fue entender lo que estaba sucediendo allí. El Gobierno puso sobre un papel las obligaciones que ya tenía el Estado al formar parte del Estatuto de Roma».
—¿Está sorprendido como la mayoría de los venezolanos por la decisión de fiscal Khan?
—Nosotros como activistas de los derechos humanos hemos aprendido con el tiempo a moderar nuestras expectativas para transmitirle paciencia a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Hemos mantenido un trabajo de comunicación e incidencia tanto con el equipo de la anterior fiscal, Fatou Bensouda, y ahora con el equipo y con el nuevo fiscal, Karim Kham, y ellos siempre nos han dicho que estos procedimientos son largos y que demandaban muchísima paciencia.
Lo que hoy sabemos es que el fiscal tenía la decisión de pasar a la fase de investigación y el Gobierno lo que ha hecho es poner sobre un papel las responsabilidades que ya tenía como firmante del Estatuto de Roma, está obligado a cooperar. Esa fue una estrategia que intentaba minimizar los daños para el Gobierno, pero a nosotros nos parece importante y positivo porque se compromete a mejorar la situación de administración de justicia.
—¿Ese acuerdo o ese memorándum de entendimiento que se firmó ayer no fue una iniciativa del fiscal Khan, fue una iniciativa del Gobierno? ¿Es así?
—Es así, y aquí lo que se ha puesto sobre el papel -y esto lo queremos ratificar- eran las obligaciones que ya tenía el Estado venezolano al ser los signatarios del Estatuto de Roma, que se firmó a finales de los 90 como un mecanismo acordado entre los Estados para investigar y sancionar crímenes contra la humanidad. Entonces el Estado venezolano es corresponsable de la existencia de la Corte Penal Internacional y es por eso que le da el aval al fiscal para que venga a visitar a Venezuela en el marco de la realización del examen preliminar.
En términos diplomáticos ese aval se denomina una invitación. Es por eso que se había hablado que las autoridades venezolanas habían invitado al señor Khan, como en su momentos se dijo que lo habían hecho con la doctora (Michelle) Bachellet, y es que para que ellos puedan visitar a los países, los organismos internacionales de protección necesitan la autorización, el aval de las autoridades del territorio.
—¿Por qué cree que ocurrieron los hechos de esta forma?
—Creo que aquí ha habido una coincidencia de varios factores, uno es que varios Estados que forma parte del Estatuto de Roma también remitieron el caso venezolano en la Corte Penal Internacional y solicitaron la investigación de crímenes contra la humanidad, que forma parte de lo que se ha llamado hasta ahora el Caso venezolano número 1, que es del que estamos conversando.
Hay que recordar que las autoridades venezolanas solicitaron la apertura de un examen preliminar adicional que es el llamado Venezuela 2, porque el Estado dice que se han cometido crímenes contra la humanidad como consecuencia de las sanciones. Ese fue un intento de generar trabajo adicional al equipo de la Fiscalía, que es un equipo reducido e intentar retrasar esta decisión que se tomó.
Esa estrategia obligó a las autoridades venezolanas a seguir reconociendo la institucionalidad y la autoridad de la Corte Penal Internacional. Es decir, el costo político de haber negado, de haberle dado la espalda al Estatuto de Roma y decir que no se iba a acatar esa decisión iba a ser muy alto, porque entonces la comunidad internacional iba a decir «pero bueno, tú mismo has utilizado ese mecanismo porque solicitaste un examen preliminar sobre el tema que a ti te interesaba».
—¿Por qué el fiscal Khan lo hizo desde el Palacio de Miraflores y no desde su escritorio?
—La Fiscalía de la CPI siempre nos ha dicho que ellos van a aprovechar que Venezuela sigue siendo una signataria del Estatuto de Roma y que por tanto tiene obligaciones y que, si ellos pueden comprometer al Estado para que hagan algunos avances en la reforma del sistema de administración de justicia, ellos iban a alentar ese proceso.
Haberlo hecho de Venezuela es lo que permite esta doble ganancia porque Kahn quizás desde la Haya solamente hubiera anunciado «pasamos a una fase de investigación», pero posiblemente hubiese tenido menos la oportunidad para ese compromiso firmado de las autoridades venezolanas de promover una reforma del sistema de administración de justicia para que haya juicios genuinos en el país.
Ya se demostró que habían ocurrido crímenes contra la humanidad en Venezuela, porque eso era parte de una de las fases del examen preliminar. La Fiscalía (de la CPI) está convencida de que no hubo investigaciones genuinas sobre crímenes contra la humanidad que ocurrieron
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea
—¿Puede explicarnos el alcance de la decisión del fiscal Khan?
—Las repercusiones son de toda índole, es decir, ya se demostró que habían ocurrido crímenes contra la humanidad en Venezuela, porque eso era parte de una de las fases del examen preliminar. La Fiscalía (de la CPI) está convencida de que no hubo investigaciones genuinas sobre crímenes contra la humanidad que ocurrieron. La fase de investigación lo que intenta es que los casos que se decidan, donde se consigan mejores elementos de pruebas -que eso todavía no está decidido- establecer responsabilidades individuales. No solamente al que tortura o la persona que dispara, sino también a la cadena de mando que es un elemento importantísimo para la Fiscalía.
—¿Esa cadena de mando hasta dónde puede llegar?
—Ahorita debe haber mucha conmoción en diferentes niveles del Ejecutivo y especialmente en las Fuerzas Armadas sobre el alcance que pudiera tener este proceso de investigación. Creo que la conmoción a nivel de las clases políticas, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales debe ser muy importante. Si se lograra tener los elementos para demostrar su responsabilidad, esas cadenas de mando pudieran llegar hasta al propio Nicolás Maduro.
—¿Tienes idea de cuándo comenzaría esta investigación y cómo sería ese proceso?
—La próxima fecha importante para los venezolanos con respecto al proceso de la Corte Penal Internacional va a ser la reunión de los Estados parte del Estatuto de Roma, que se va a realizar durante el 10 de diciembre, porque en esa asamblea anual participará Venezuela como signatario, allí el fiscal tiene que informar lo que ha hecho y lo que pretende hacer.
—¿Cree en realidad que vayan a llevar a juicio a generales, a directores de policías o de organismos de seguridad?
—Si las evidencias pueden demostrar la vinculación, que ellos dieron las órdenes o que tuvieron información sobre que los hechos ocurrieron, claro que sí. Es por eso que hay tanto nerviosismo en las autoridades, es por eso que se ha desplegado esta estrategia en los últimos meses, en donde por ejemplo tuvimos esa sorpresa en que se reconoció la responsabilidad en el caso de Fernando Albán o el caso de Juan Pablo Pernalete.
—¿Qué cartas puede jugar el oficialismo a partir de la apertura de esta investigación?
—El Gobierno intenta a mediano plazo revertir la apertura de un proceso de investigación demostrando que el sistema de administración de justicia dentro de Venezuela es suficiente y tiene la posibilidad y la voluntad de realizar procesos judiciales genuinos. Es decir, hacer justicia dentro de Venezuela. Para eso tiene que tomar muchas decisiones de ahora en adelante, lo que se va a intentar es conseguir un acuerdo.
—Sabemos bien que el gobierno de Maduro se sostiene sobre los militares y en parte por un Poder Judicial hecho a su medida ¿cree que ellos vayan en contra de esos pilares que le dan soporte?
—Es que si no se hace dentro de Venezuela tenemos esta segunda dimensión de justicia que son los juicios en la Corte Penal Internacional; allí hay una espada de Damocles sobre las autoridades venezolanas en caso de que no quieran llegar al fondo de las diferentes situaciones que han sido denunciadas en Venezuela. Quizá pueda motivarlos a tomar decisiones, quizá pueda hacer que un sector se aleje de la figura de Nicolás Maduro.
—¿Cree que esto lleva con más prisa al gobierno a retomar la mesa de diálogo en México?
—Claro, porque el Gobierno intenta decir yo tengo un funcionamiento democrático, tengo la voluntad de fortalecer las instituciones. Si tú tienes que generar un espacio para cambiar la justicia con la participación de otros sectores, eso por supuesto es una oportunidad para dialogar, para promover estos espacios de concertación entre el gobierno y la oposición.
Nosotros vamos a seguir presionando para que se inicie un caso concreto en el menor plazo posible. Queremos que cuando se tome la decisión de abrir un caso existan todos los elementos suficientes para poder responsabilizar y sancionar a los individuos concretos
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea
—¿Qué deben hacer a partir ahora las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil?
Nos tocan muchos desafíos, tenemos que participar de manera abierta y propositiva en lo que debería ser un proceso de reforma del sistema de justicia que incluya la participación plural de la sociedad venezolana. Hay que revisar cuáles son las leyes que han sido utilizadas de manera punitiva, por ejemplo, esta Ley Contra el Odio, que pudiera ser revisada y derogada; esto nos da elementos para continuar exigiendo la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), como lo pidió en algún momento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, también nos toca ser muy vigilantes del cumplimiento de ese acuerdo que el gobierno evidenció en el memorándum de entendimiento.
—¿Cuánto puede tardar después de este proceso de investigación la apertura de un juicio en estos casos de crímenes de lesa humanidad?
Nosotros vamos a seguir presionando para que se inicie un caso concreto en el menor plazo posible. Por su puesto, queremos que cuando se tome la decisión de abrir un caso existan todos los elementos suficientes para poder responsabilizar y sancionar finalmente a los individuos concretos que tengan vinculación con los hechos.
No podemos hablar sobre un plazo de decir que sean seis meses o un año, pero sí queremos que sea en el plazo más breve posible, pero que esos casos cuenten con todos los elementos probatorios para poder no solamente investigar a todas las personas que dispararon, a las personas que torturaron, sino también que se demuestre cuáles fueron las responsabilidades de esa llamada cadena de mando o de los funcionarios que dieron las órdenes y que permitieron que esas situaciones se dieran.
—¿Esta investigación de la Corte Penal Internacional y todas lo que implica puede incidir, en una transición política, democrática y pacífica?
Te voy a responder como sociólogo y no como asesor de derechos humanos. El sector ideológico del chavismo, o lo que queda de ese sector, debe estar viendo con muchísima preocupación como Nicolás Maduro ha destruido el pretendido legado de Hugo Chávez. Ellos están haciendo un cálculo para tener vida política en el futuro de Venezuela, cualquiera que este sea, y por su puesto deben estar viendo que este debe ser un impacto muy importante a esa imagen, a ese recuerdo, a ese legado tal y como ellos lo entienden.
Si dividimos al chavismo realmente existente entre los ideológicos y los pragmáticos, yo creo que esta sería la oportunidad para que existiera un cisma importante entre esos dos sectores y que finalmente el sector más ideológico permitiera una transición a la democracia en Venezuela para que ellos puedan tener un espacio político en la Venezuela del mañana.
