Caracas-. Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en un foro organizado por la ONG Crisis en Venezuela explicó que la pandemia del COVID-19 se sobrevive en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y que el Estado venezolano la enfrenta como si se tratara de un enemigo militar: «El gobierno no se ha enfocado en preservar la vida de los venezolanos, sino en evitar que disminuya la precariedad del poder de Nicolás Maduro».
Manifestó que la emergencia global ha servido para que se intensifique la militarización en el país y, además, ha evidenciado la situación de vulnerabilidad de la mayoría de las familias venezolanas: el déficit del poder adquisitivo y la precariedad de quienes forman parte de la economía informal (que datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida estima en 70%).
Uzcátegui resaltó que las personas con acceso a divisas son una población privilegiada y la única que no sufre los estragos de la crisis (según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, este grupo no supera 20% de la ciudadanía).
Las medidas tomadas por el gobierno ante la pandemia, de acuerdo con el vocero de Provea, aumentan la dependencia de muchas personas hacia los programas o políticas del Estado, tales como los bonos a través del carnet de la patria o los alimentos subsidiados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
«La emergencia coloca en cuarentena los derechos sociales en Venezuela», insistió Uzcátegui y preciso que el artículo 337 de la Constitución establece que los estados de alarma -decretado el 13 de marzo- suspenden las garantías consagradas por la ley, a excepción de las referidas al derecho a la vida, a la defensa y a la integridad personal, la prohibición de la tortura, la incomunicación y la desaparición forzosa. En ningún caso, expuso, debe restringir los derechos fundamentales.
Desafíos pospandemia
Uzcátegui expresó que la consecuencias de la pandemia en Venezuela no serán menores a las que viven países como Colombia, que ya supera las 29.000 muertes por COVID-19 y cuyo sistema sanitario no tiene las deficiencias del venezolano. Por eso fue enfático en que la ciudadanía tendrá que enfrentar dos desafíos el próximo año.
El primero es la reconstrucción de la Asamblea Nacional (AN) luego de las elecciones parlamentarias de este año, pues podría empeorar el impacto del coronavirus si no se atienden las necesidades reales de las familias. «Hay que evitar la fragmentación de la sociedad civil», manifestó y exhortó a las Organizaciones No Gubernamentales a mantenerse movilizadas con agendas propias e independientes.
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«El tejido social ha sufrido en los últimos años un proceso intenso de intervención para romper los lazos y vínculos que se habían creado previamente y ser sustituidos por organizaciones impuestas desde el Estado. Un trabajo paciente que nos toca, frente a este daño antropológico, es generar espacios comunitarios de confianza, para que las personas pierdan el temor de asociarse y vincularse con otras para afrontar problemas comunes», dijo.
Luego, aseguró que hay que procurar la documentación de las violaciones a los derechos humanos: «En situaciones de ausencia de instituciones democráticas, debido a sus omisiones, hay que visibilizar la situación e informar a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana o el Alto Comisionado. En este trabajo los medios de comunicación y las ONG son aliados, pues tienen la capacidad de corroborar la información y procesarla manteniendo la identidad de los informantes bajo resguardo».
Así, afirmó, se podrá garantizar que la presión internacional obligue a los organismos gubernamentales a funcionar.
