Caracas.- El exministro de Petróleo Rafael Ramírez señaló este jueves, 8 de octubre, que la ley antibloqueo presentada por el gobernante Nicolás Maduro, y que se espera sea aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, es una ley para el saqueo de la nación y un instrumento inconstitucional diseñado para entregar el país.
Ramírez difundió un video en su canal de la plataforma Youtube, en el que muestra un breve análisis sobre la propuesta de ley presentada por Maduro, a la que el también expresidente de Pdvsa califica de ley entreguista e inconstitucional.
«Ahora, en medio del caos del país, el Gobierno presenta esta ley, entreguista e inconstitucional, que, sin discusión alguna, será aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente antes de disolverse e ir a parar al basurero de la historia», precisó Ramírez.
Asimismo, en su página web Ramírez amplía su evaluación sobre la ley antibloqueo.
«Más allá de la retórica discursiva de Maduro, la realidad es que la ley ‘antibloqueo’ es un instrumento diseñado para convalidar la entrega del país, revertir las nacionalizaciones hechas durante el gobierno del presidente Chávez y ceder el manejo, propiedad y activos de nuestras empresas del Estado al capital privado; en particular, Pdvsa, una empresa que en 2013 tenía 285 mil millones de dólares en activos», apuntó Ramírez en un análisis publicado en su sitio web.
El también exembajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la entrega de propiedades y activos de la nación mediante la ley antibloqueo se llevará a cabo en secreto.
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«El Gobierno cederá activos del Estado, de todos los venezolanos, sin rendirle cuentas a nadie, sin que se sepa de qué se trata, ni los beneficiarios, ni el monto de las transacciones, ni los términos y condiciones de las mismas; serán operaciones secretas de gran magnitud, donde Maduro entregará el país, sus recursos y empresas, a sus operadores privados, en una monumental ‘piñata'».
Ramírez agregó en su evaluación que la ley antibloqueo no tiene nada que ver con las sanciones, sino que está destinada al proceso de desnacionalización de las empresas del Estado.
