Caracas.- Este 22 de febrero la Unión Europea (UE) añadió 19 personas a su lista de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sancionados por diversas violaciones.
Esto tras las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre que los países de la UE no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.
En lista, que ya cuenta con 55 personas sancionadas, se aplican medidas por la violación de los Derechos Humanos y contra el estado de derecho en Venezuela.
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Contra la democracia y el estado de derecho
En la nueva orden de la UE figuran seis jueces de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), todos señalados de ser responsables de acciones y fallos que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y socavado los derechos electorales de la oposición, como el nombramiento unilateral de la nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la suspensión y sustitución de la dirección de tres de los principales partidos democráticos de oposición.
Ellos son: Arcadio Delgado Rosales (juez y vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ) junto a los jueces de la misma instancia Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez, Calixto Ortega, René Degraves y Carmen Auxiliadora Zuleta De Merchán.
En este sentido, también incluyeron en la lista de sancionados a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE):
- Indira Alfonzo, presidenta del CNE y ex jueza de la Sala Electoral del TSJ: señalada de emprender acciones contra Asamblea Nacional en diciembre de 2015 que resultaron en la imposibilidad de que los diputados ejercieran su poder legislativo.
- Leonardo Morales Poleo, vicepresidente del CNE: aceptó el nombramiento del TSJ designado por el gobierno de Maduro.
- Tania D’amelio, Rectora Del CNE: señalada de contribuir a socavar el estado de derecho en Venezuela en sus funciones al participar en la ejecución de las elecciones presidenciales de 2018 y en el cambio -en junio de 2020- a las normas electorales para las elecciones parlamentarias de diciembre.
También fueron sancionados José Brito, diputado de la AN de Maduro: señalado por legitimar las elecciones parlamentarias de diciembre y por asumir la presidencia de Primero Justicia por decisión de un tribunal designado por Maduro.
Junto a él también está José Bernabé Gutiérrez, quien al igual que Brito, es señalado por asumir las riendas de Acción Democrática a través de un fallo de un tribunal designado por Maduro y así participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Por otra parte, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, también figura señalado de socavar la democracia y el estado de derecho en la entidad. Prieto fue juramentado por la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente (ANC), promovió las elecciones parlamentarias de diciembre y amenazó con independizar el Zulia si la oposición asumía el poder regional.
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Violaciones a los Derechos Humanos
A partir del informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, la Unión Europea también aplicó sanciones a funcionarios vinculados a la seguridad del Estado, ellos son:
Remigio Ceballos, comandante del Ceofan: señalado del uso de fuerza excesiva y tratos inhumanos y degradantes por parte de funcionarios de la FAN y la GN.
Carlos Carvallo Guevara, Subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); y Carlos Terán Hurtado, Director Especial de Investigaciones de la Dgcim, señalados de graves violaciones a los Derechos Humanos, como trato cruel e inhumano contra los detenidos cometidos por funcionarios bajo su mando por funcionarios del organismo bajo su mando.
También se sanciona a José Domínguez Ramírez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes); y Douglas Rico, Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), señalados como responsables por las represiones contra la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela cometidas por funcionarios bajo sus autoridades.
También se incluye en la lista a Jesús Vásquez Quintero, Procurador General de la Fiscalía Militar, señalado de socavar el estado de derecho de Venezuela en casos de violaciones de Derechos Humanos, como la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en 2019, y la aplicación de justicia militar contra civiles detenidos durante las protestas registradas entre 2017 y 2018.
Finalmente, la lista de sancionados incluye al actual viceministro de Interior y Justicia del gabinete de Maduro, Manuel Pérez Urdaneta. Quien también director del a Policía Nacional Bolivariana, aparece señalado de cometer graves violaciones de derechos humanos, como el uso de fuerza física severa contra manifestantes pacíficos cometidas por funcionarios bajo su cargo en ese cuerpo policial.
