PERFIL | Los últimos días de Tibisay Lucena en el CNE

Caracas.- El 12 de junio de 2020 fue el último día de Tibisay Lucena como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Quien fue la máxima autoridad del órgano electoral, pese a que dejó una marca de debilitamiento en la credibilidad del sistema electoral, se fue en silencio, pero dejando su impronta tras dirigir 18 comicios, entre ellos 2 elecciones parlamentarias, 4 presidenciales, 4 de gobernadores, 4 municipales, 2 referendos constitucionales y 1 Constituyente.

El gobernante Nicolás Maduro anunció recientemente que Lucena estará al frente del Ministerio de Educación Universitaria, luego de pasar por la rectoría de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Uneartes), tras su retiro del CNE.

Lucena se fue del CNE, en medio de la cuarentena por COVID-19, el viernes 12 de junio de 2020, pasadas las 8:00 pm, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró a Indira Alfonso como su sucesora.

Tibisay Lucena estuvo 5.160 días al mando del Consejo Nacional Electoral, los que suman 14 años, 1 mes y 13 días. Lucena dejó la Presidencia del Poder Electoral y fue sustituida por la magistrada Indira Alfonzo, nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia en flagrante violación del artículo 296 de la Constitución, que establece que las dos terceras partes de la Asamblea Nacional designan a los integrantes del CNE.

Desde el año 1999 Lucena guarda una estrecha relación con el Poder Electoral. El 27 de diciembre de ese año se designó el primer directorio del CNE bajo el mandato de Hugo Chávez, en el que Lucena ocupaba un cargo como rectora suplente. El objetivo de este nombramiento era organizar las megaelecciones del año 2000. Sin embargo, de acuerdo con el registro de Súmate, las autoridades apenas duraron seis meses por dificultades para preparar el proceso comicial, por lo que renunciaron ante la Comisión Legislativa Nacional, que procedió a realizar otro nombramiento y en él no figuraba Lucena.

Entonces la que sería una de las piezas más importantes para Chávez y Nicolás Maduro, pasó a ser la directora general para la Instrumentación del Poder Electoral, una oficina que se encargó de reestructurar este poder. Lucena también fue proyectista de la Ley Orgánica del Poder Electoral como asesora ad honorem de la Comisión de Política Interior del Parlamento en el 2000.

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A los tres años, volvió nuevamente como rectora suplente, en este caso de Francisco Carrasquero, quien ocupó la Presidencia hasta principios de 2005. Según una nota de prensa del CNE del 17 de enero de ese año, Carrasquero informó a los trabajadores que sería el TSJ el que se encargaría de cubrir la vacante. En efecto, tres días después, el Poder Judicial decidió que Jorge Rodríguez y Sobella Mejías, quienes se venían desempeñando como rectores principales, serían el presidente y la vicepresidenta. También ordenó que Lucena pasara a ser rectora principal y a formar parte de la Junta Nacional Electoral.

Al año siguiente, específicamente el 26 de abril de 2006, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la designó rectora principal en representación de la sociedad civil por un período de siete años. De inmediato, en sesión del directorio, fue escogida como Presidenta del Poder Electoral por un lapso de dos años y seis meses, como establece el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope). Desde entonces, Lucena, de profesión socióloga, estuvo a la cabeza del CNE hasta este viernes, 12 de junio de 2020.

En un expediente realizado por Súmate se indica que Lucena, Sandra Oblitas (vicepresidenta), Socorro Hernández (rectora principal) y Tania D’Amelio (rectora principal) son “responsables de la comisión de una serie de irregularidades, ilegalidades y omisiones al frente del Poder Electoral”. Esto quiere decir que han violado la Lope, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y hasta la Ley Contra la Corrupción, porque han realizado elecciones a destiempo y sin condiciones, las han suspendido, han defendido los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y han avalado la inhabilitación de partidos políticos, como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia. Incluso, el CNE ha permitido que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convoque elecciones, cuando esa disposición está consagrada para el CNE en el artículo 42 de la Lopre.

Súmate señala que desde 2006, año en el que comenzó a dirigir Lucena, se ha justificado un ventajismo electoral a favor del Psuv. “El Ejecutivo ha hecho uso de los recursos y bienes del Estado, incluyendo la plataforma de medios públicos para promover a candidatos del Psuv”, agrega esta asociación civil.

En 2009, Lucena fue ratificada en el cargo de presidenta del Poder Electoral hasta 2013, cuando se venció su período como rectora principal. Sin embargo, fue en 2014 cuando el TSJ la ratificó por siete años más, luego de que la Asamblea Nacional, manejada por Diosdado Cabello, manifestó que no podía designar a las tres autoridades vencidas. En ese momento volvió a ser escogida como presidenta del CNE, cargo que se venció en diciembre de 2018. Desde entonces, además de haber sido electa rectora en dos oportunidades bajo un proceso viciado, Lucena ocupó la presidencia de forma ilegítima.

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La oposición venezolana ha insistido en su remoción y en la renovación de este poder para recuperar la confianza en el sistema electoral. En octubre pasado, la Asamblea Nacional inició los trámites para conformar el Comité de Postulaciones Electorales, que se instaló el 9 de marzo de este año; sin embargo, la sentencia n° 68 del TSJ frenó la posibilidad de que la elección de los cinco rectores del CNE y sus suplentes se hiciera en el seno del Parlamento, como lo ordena la Constitución.

El escándalo de Tibisay

Cinco días antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, denunciada por no ser un proceso transparente, Estados Unidos sancionó a Tibisay Lucena por dirigir este evento y violar los derechos políticos de los venezolanos. Pero tres días después del proceso comicial, el director de Smartmatic, Antonio Mugica, declaró que había una diferencia de al menos un millón de votos entre la cantidad anunciada y el resultado que arrojaba el sistema de totalización, y que debía realizarse una auditoría para determinar la cantidad exacta.

De inmediato, Lucena convocó a los medios de comunicación y aseguró en conferencia de prensa que la afirmación de Mugica formaba parte de un ataque en contra del Poder Electoral. Incluso, afirmó que su único rol era proveer “ciertos servicios” y soporte técnico que no eran determinantes en los resultados. Sin embargo, Súmate recuerda que esta compañía manejó el sistema electoral desde 2004, cuando se automatizó el voto, y era la responsable del desarrollo del software de las máquinas, de la instalación, de la totalización y del acondicionamiento del servidor.

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Lucena les insistió a los medios de comunicación que Smartmatic puso en duda unas auditorías de certificación de software y totalización en las que participó. A su juicio, este revés se debió a que la compañía se estaba “abriendo caminos en Estados Unidos”.

Haber organizado ese proceso comicial le costó a Lucena la sanción de Canadá el 22 septiembre de 2017; la de la Unión Europea, el 22 de enero de 2018; la de Suiza, el 28 de marzo de 2018; y la de Panamá, el 29 de marzo de 2018.

En la víspera de su retiro, la última vez que se le había visto públicamente a Tibisay Lucena había sido el 8 de marzo de 2020, cuando se pronunció por el incendio en los galpones del CNE, registrado un día antes. Según el balance ofrecido por la rectora, se quemaron 49.408 máquinas de votación, 582 computadoras, 400 boletas electrónicas y 49.323 captahuellas. Hasta ese momento, el Poder Electoral no había informado sobre la recuperación del material perdido.

Este perfil fue publicado originalmente el 12 de junio de 2020