Caracas.- Alex Naín Saab Morán, de 47 años, es un empresario colombiano de origen libanés cuyo nombre vuelve a estar sobre el tapete en los medios nacionales e internacionales. Lo está ahora de nuevo tanto por su captura el viernes 12 de junio de 2020, a cargo de las autoridades de Cabo Verde, como por la incautación de bienes que le aplicó la Fiscalía colombiana esta semana.
No obstante, las andanzas de Saab se remontan al gobierno de Hugo Chávez, con el cual estableció sus principales vínculos para amasar la fortuna que hoy día posee. Esos contactos se dieron a través de contratos con la Misión Vivienda, y luego con la distribución del programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Inicios
El empresario colombo-libanés dio sus primeros pasos liderando una empresa que ofrecía llaveros de promoción y, más tarde, uniformes de trabajo, en Colombia. A través de este mecanismo comercial, se fue conectando con las esferas empresariales del vecino país, para luego dedicarse a exportar mercancía hacia Venezuela.
Saab se valió del sistema Cadivi para hacerse de dólares preferenciales, y según fuentes de Univisión, aunque acumuló deudas millonarias, nunca fue acusado de fraude, al contrario de otros comerciantes, que no corrieron con la misma suerte.
Luego se dedicó a proveer de materiales a la Misión Vivienda, por lo cual llegó a firmar en 2011 un convenio colombo-venezolano para este intercambio y la empresa Fondo Global de Construcción, de la cual era representante legal, obtuvo hasta 685.000.000 de dólares en contratos.
Para 2016 ya la DEA iniciaba sus primeras averiguaciones sobre su persona, por lavado de dinero y otras actividades ilícitas, lo que en ese momento trajo como consecuencia que a uno de sus hijos le negaran la visa estadounidense.
El empresario colombo-libanés logró establecer nexos comerciales a Venezuela por la exportación, pero valiéndose del sistema Cadivi que le facilitaba dólares a muy bajo costo. De allí pasó a relacionarse directamente con programas gubernamentales como Misión Vivienda y el Clap.
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También estuvo vinculado al escándalo de Panamá Papers por haber utilizado los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para registrar diversas compañías. De hecho, una de esas empresas es la firma mexicana Group Grand Limited (GGL), que presidía en conjunto con el también empresario y paisano, Álvaro Pulido Vargas.
Esta compañía fue utilizada para desarrollar la venta de alimentos al citado programa Clap, nexo que además lo relacionó directamente con Nicolás Maduro, según la denuncian realizada en 2017 por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz.
En cuanto a Pulido, se puede decir que fue su mano derecha poco antes de que ambos hicieran contacto con el chavismo desde 2011. Para 2013, con el ascenso de Maduro al poder, y al frente de GGL, ambos multiplicaron sus negocios e ingresos con el régimen venezolano.
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Caso de Armando Info
Otra de las ocasiones en que su nombre saltó a la palestra pública fue cuando censuraron el portal de noticias Armando Info, que reveló las investigaciones que se le hacían a Saab, hecho ocurrido en septiembre de 2018.
En dos trabajos, se describieron las ventajas y favores recibidos por el empresario de parte del gobierno de Maduro, para orquestar, con cobros de sobreprecios de hasta un 80% la venta de comida de mala calidad, durante el proceso de abastecimiento para los Clap.
También, y específicamente en el segundo reportaje investigativo, fueron reveladas las conexiones de Saab con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien fue su principal enlace con la administración de Maduro.
Entre 2008 y 2009, cuando aún negociaba con exportaciones, fue Córdoba quien le sirvió de puente para cobrar facturas que le adeudaba la administración chavista. La entonces senadora lo vinculó con personajes importantes del gobierno venezolano, como los ministros Tareck El Aissami y Simón Zerpa.
Tras las publicaciones, comenzó una campaña de descrédito y amenazas contra los editores del portal, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz, sobre quienes publicaron sus datos personales en algunos medios y luego fueron objetos de amenazas. Una medida aplicada por Conatel contra los periodistas, les prohibió «hacer menciones» cuyo contenido atentaran contra el nombre de Saab o su familia.
EL SNTP condenó los hechos, especialmente la medida de censura, pero no conforme, el régimen prohibió a los comunicadores salir del país. Las amenazas continuaron y los cuatro periodistas no tuvieron más remedio que salir, a escondidas, del país para resguardar sus integridades.
Para 2018, cuando ya este episodio había avanzado, el empresario tenía destino desconocido. No se ubicaba en Colombia, pues, las autoridades de ese país tenían tiempo pisándole los talones.
Sanciones de la Ofac
En 2019, todavía sin conocerse su paradero, es sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, junto a Nicolás Maduro, tres hijastros y otras nueve personas. En esa oportunidad le congelaron bienes y cuentas bancarias en ese país.
Ya para el 8 de mayo de este año, la Fiscalía colombiana lo acusa formalmente de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex, proceso que deviene en la incautación, efectuada esta semana, de varias propiedades, valoradas en 9,7 millones de dólares.
Libre abordo
Un negocio, que incluía la entrega de 20 cisternas semirremolque y 222 semitráilers, con una capacidad de 10 y 30 mil litros respectivamente, al régimen venezolano a través de la empresa mexicana Libre Abordo y la compañía anexada a esta, Schlager Business Group, también involucra a Saab y a su compañero Pulido.
Esta operación, que aparentemente buscaba brindarle capacidad a la administración madurista para distribuir el agua en comunidades afectadas, resultó ser un intercambio de petróleo por los vehículos, en la cual Saab y Pulido obtuvieron nuevamente grandes ganancias.
La negociación fue firmada en 2019, bajo un acuerdo de venta de petróleo por alimentos. Pdvsa, empresa matriz en el área petrolera para Venezuela, ya estaba sancionada por Estados Unidos en ese año, y por ello, las operaciones realizadas con Libre Abordo quedaron también bajo la lupa de las autoridades norteamericanas.
Al escudriñar en la composición de ambas compañías, salieron relucir los nombres de Saab y Pulido, quienes para ese momento ya se encontraban sancionados por la OFAC, y el caso se anexó a los expedientes de ambos.
Esta nota fue publicada originalmente en El Pitazo el 6 de noviembre de 2020
