Caracas.- La directiva política del Partido Comunista de Venezuela rechazó la propuesta de Ley Antibloqueo hecha por el gobernante Nicolas Maduro, luego de considerar que el instrumento, entregado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), solo busca darle legalidad a todo un proceso de negociación del mandatario con trasnacionales. Según dijo el PCV, esto tiene como finalidad entregar los recursos del Estado y privatizar empresas que en el pasado fueron nacionalizadas.
La postura la dio a conocer el secretario de organización de la tolda, Oscar Figuera, quien aseguró que la propuesta de Maduro representa una derogación parcial de la Constitución y un retroceso que colocará a Venezuela en una situación más vulnerable, desde el punto de vista económico.
Maduro solicita a la ANC que apruebe la próxima semana la ley Antibloqueo
«El proyecto de ley antibloqueo propuesto por el presidente de la República, lejos de representar una acción para proteger los intereses de la patria y el pueblo venezolano frente a la agresión imperialista, constituye un grave retroceso que profundizará las vulnerabilidades económicas del país frente a sus agresores externos, al mismo tiempo que traslada, aún más, el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo en general», dice el comunicado difundido por la organización.
Los voceros del PCV responsabilizaron al gobernante Maduro de intentar disfrazar sus políticas, a las que calificó de entreguistas y ligadas al capital, en detrimento de los valores defendidos tanto por el PCV como por otras organizaciones que respaldaron en su momento al fallecido Hugo Chávez.
De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el plan de Maduro es entregar Pdvsa a empresas trasnacionales, la devolución de tierras a terratenientes y la devolución al sector privado de empresas que ya habían sido nacionalizadas.
«Adicionalmente, pretenden realizar esta entrega y lesión de la soberanía e intereses nacionales, mediante una ilegal confidencialidad de los actos y contratos con los sectores del capital trasnacional que les otorgaría la irresponsable ley que proponen. Desde esta perspectiva es una ley que avalaría la agudización de la corrupción en la administración pública, al mismo tiempo que les garantizaría la más plena impunidad a quienes cometen actos lesivos contra los bienes del Estado, contra los intereses de nuestro pueblo», indica el PCV.
