Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a la Unión Europea (UE) a imponer más sanciones contra Nicolás Maduro y su círculo cercano tanto por la represión en el país como por la tortura y muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, cuando estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad del cuestionado Gobierno.
La resolución, que fue aprobada con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, reitera su total apoyo al que considera presidente encargado legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y respalda el proceso de facilitación impulsado por Gobierno de Noruega, que debería conducir a celebrar unas elecciones libres, transparentes y creíbles.
La Eurocámara considera que las autoridades europeas deben restringir los movimientos y congelar los activos y visados de las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión, así como los de sus parientes más cercanos.
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La resolución, uno de los primeros textos aprobados en esta legislatura en el Parlamento Europeo, recibió el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D), Renovar Europa (RE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR).
Los eurodiputados condenan la represión y violencia en el país y expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y sus «más sinceras condolencias» a la familia y amigos de las víctimas mortales, como el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo.
Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte al haber sido arrestado por su supuesta participación en un plan para derrocar a Nicolás Maduro, según denuncian su defensa y la oposición.
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El Parlamento subraya además la responsabilidad directa de Maduro y sus fuerzas armadas y de inteligencia en el «uso indiscriminado de la violencia» para reprimir la transición democrática en el país.
«En línea con el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela, (el Parlamento) pide un mecanismo independiente para investigar ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en operaciones de seguridad», señala la resolución, que reclama también que los responsables de las mismas rindan cuentas.
Con información de EFE
