El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) precisó este lunes 22 de junio que, desde abril, 2.102 reclusos han sido liberados bajo la modalidad de Régimen de Confianza Tutelado sin orden judicial.
El OVP especifica que la liberación bajo ese régimen consiste en el cambio de un centro de reclusión cerrado a otro abierto con actividades agroproductivas, entre otras, tal como lo establece el Código Orgánico Penitenciario, en los artículos 161 y 164.
Sin embargo, la organización detalló que, durante la noche del viernes 19 de junio, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, otorgó 316 libertades.
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La directora del OVP, Carolina Girón, considera que el procedimiento que ejecutan las autoridades no es el correcto, pese a que está de acuerdo con la liberación de los reclusos que cumplen con las condiciones para obtener el beneficio, sobre todo por el contexto de la pandemia de COVID-19.
“Para optar por su libertad los presos deben cumplir con ciertos perfiles, se deben trasladar a otra área del penal o a un centro agroproductivo bajo supervisión del Ministerio y en vehículos para estos fines, pero en estos casos son liberados con un acta y ellos mismos deben buscar cómo se trasladan a sus viviendas. Están violando flagrantemente la norma e independencia del Poder Judicial, que es el único que puede otorgar libertades, tal cual como lo expresa el Código Procesal Penal”, advirtió Girón.
Asimismo, indicó que el video grabado durante el fin de semana, desde la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, evidencia que los organismos de justicia no participan en este operativo dentro de las cárceles, sino que por el contrario es una decisión de la ministra y en consecuencia del Ejecutivo.
De acuerdo con el OVP, un equipo de la organización constató que los internos han sido liberados a su propia suerte, no son trasladados a centros abiertos con programas socio educativos y para el trabajo e incluso ha habido casos de reos que fueron liberados y no podían movilizarse por sus precarias condiciones de salud, por lo que presuntamente llamaron a sus familiares para que se encargaran del traslado, según un reporte de la organización.
«Gran cantidad de familiares manifestaron su descontento porque no tomaron en cuenta a los reclusos que tienen penas cumplidas ni a los enfermos que claman por una medida humanitaria. En ese sentido, aseguraron que muchos de los reclusos que obtuvieron el beneficio fueron elegidos a dedo, la mayoría apresados por delitos de robo», detalló el OVP en el reporte.
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La organización, además, presentó un desglose de los 2.102 liberados bajo la figura de Régimen de Confianza Tutelado:
Internado Judicial Rodeo I y II, en el estado Miranda: 122 presos liberados.
Centro Penitenciario Yare, en el estado Miranda: 161 presos liberados.
Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica: presos liberados.
Complejo Penitenciario Tocuyito, en el estado Carabobo: 382 y 150 presos liberados (en dos visitas durante abril y mayo).
Centro Penitenciario Los Llanos, conocido como Cepella, en el estado Portuguesa: 217 presos liberados.
Centro Penitenciario 26 de Julio, en el estado Guárico: 180 presos liberados.
Comunidad Penitenciaria Coro, en el estado Falcón: 160 presos liberados.
Internado Judicial de Yaracuy, conocido como La Cuarta: 145 presos liberados.
Comunidad Penitenciario Fénix y Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara: 316 presos liberados.
Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda: 9 reclusas liberadas.
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