Los presos políticos recluidos en la Dgcim no han podido ver a sus familiares desde que inició la cuarentena por COVID-19 | Foto: archivo / referencial
De acuerdo con el registro del Foro Penal, 576 presos políticos han sido excarcelados desde comienzos de 2019. Pero tras las rejas aún se mantienen 390 personas que han sido torturadas, desaparecidas y presentadas en tribunales civiles y militares sin pruebas que certifiquen que cometieron un delito.
Muchos no han ido a juicio, se quedan en la fase de audiencia preliminar. Otros, como el diputado Juan Requesens, han llegado a esta etapa, pero no escapan de las dilaciones impuestas arbitrariamente por los organismos judiciales y de seguridad que controla el gobierno de Nicolás Maduro.
Incumplimiento de las boletas de excarcelación, falta de traslado y de atención médica, tribunales sin despacho y evasiones para cumplir la Constitución y el derecho internacional son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los presos políticos y sus familiares.
De la cifra total de privados, 371 son hombres y 19 mujeres. Al menos 118 son militares y están encerrados en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta Norte, al este de Caracas, o en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda.
Juan Requesen tenía 482 días privado de libertad en El Helicoide cuando inició el juicio en su contra por su supuesta vinculación con el magnicidio registrado el 4 de agosto del año pasado. Unos tuits en contra de Nicolás Maduro fueron las únicas pruebas que utilizó el fiscal del Ministerio Público, Farid Mora, para imputarle ocho delitos, entre ellos, traición a la patria, cuya pena va de 20 a 30 años, de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal.
Cinco meses duró la audiencia preliminar a cargo de la jueza del Tribunal 1° de Control con competencia en terrorismo, Carol Padilla, quien ratificó los cargos impuestos por la Fiscalía y ordenó el pase a juicio. Durante este proceso, que se dio desde el pasado 24 de enero hasta el 11 de junio, las sesiones se aplazaron en siete oportunidades, algunas sin razón y otras porque Requesens no fue trasladado al tribunal por los custodios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El abogado Joel García, miembro del equipo defensor, ha asegurado desde el momento en el que tuvo acceso al expediente que no existen pruebas que demuestren que Requesens estuvo detrás del atentado contra Maduro. Aunque la jueza Padilla no tomó en cuenta sus alegatos, la defensa insistirá con la jueza Hennic López, a cargo del Tribunal 1° de Juicio.
“El Ministerio Público no puede probar los delitos por los que se le acusa a Requesens. Tenemos un magnicidio donde la víctima no ha declarado. No hay testimonio, ni un solo reconocimiento médico, y Maduro tampoco delegó su derecho en el Ministerio Público”, señala García.
El 25 de noviembre fue la fecha fijada para iniciar el juicio, pero la difirieron por falta de traslado de los 17 imputados y la convocaron para el 2 de diciembre. Desde entonces, se han registrado seis sesiones, que comienzan mucho después de la hora establecida y duran entre una y dos horas y media.
Previo al juicio, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe en el cual exigía libertad de Requesens y que se le otorgara una indemnización, de acuerdo con lo establecido en el derecho internacional. Para la jueza López, este pronunciamiento es una opinión y no un mandato, pese a que el artículo 23 de la Constitución establece que las decisiones emanadas de los tratados y convenciones relativos a derechos humanos, que han sido suscritas por Venezuela, deben ser acatadas.
Tiene la boleta de excarcelación y no lo dejan ir. Vasco Da Costa está preso desde el 16 de abril de 2018, acusado de participar en la operación gedeón, que trataba de un supuesto plan para atacar a las instituciones del Estado.
Violando el principio de que a un civil lo juzga un juez natural, al líder del Movimiento Nacionalista lo presentaron ante el Tribunal Militar 3° de Control de Caracas y le imputaron los delitos instigación a la rebelión y ultraje al centinela. Además, le aplicaron una tortura sistemática que consistía en golpear sus oídos, obligarlo a evacuar y a ensuciarse la cara con sus propias heces.
Como consecuencia del maltrato que recibió en la cabeza y el rostro, a Da Costa le diagnosticaron un cáncer en el ojo que llegó a medir 12 centímetros, y aunque lo operaron y recibió su tratamiento de quimioterapia, su hermana Ana María Da Costa cuenta que lo siguen torturando. Los militares emitieron la boleta de excarcelación el 17 de octubre, pero aseguran que Vasco solo tendrá libertad si se va del país.
Actualmente, el político está recluido en el ala de procesados militares del piso seis del Hospital Militar Carlos Arvelo debido a una celulitis que le provocó una mordedura de rata. Según el relato de su pariente, Da Costa estuvo en una celda de castigo en Ramo Verde durante dos semanas del mes de septiembre. Fue el 8 de octubre cuando el director del recinto penitenciario, el coronel Carlos Andrés Hernández, autorizó el traslado.
Da Costa, por su parte, aclara que saldrá de Venezuela cuando los otros seis imputados por el mismo caso sean liberados. Se trata de Régulo García Castro, José Luis Santamaría, Luis Leal, Yorfran Quintero, Alonso Mora y Carlos Aristimuño.
Desde octubre del año pasado, cuando terminó su audiencia preliminar, el dirigente está a la espera del juicio. No ha iniciado porque el juez militar que se encargaría del caso, Ramón Alí Peñalver Vásquez, fue privado de libertad por su supuesta vinculación con el alzamiento del pasado 30 de abril.
Buscaron a la persona más visible de La Florida. Es la conclusión que ofrecen los vecinos de Antonia Turbay para explicar el porqué fue llevada de su residencia el 26 de junio de este año por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El pasado 16 de mayo, el comisario de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis, se escapó de su residencia donde cumplía un arresto domiciliario desde septiembre de 2014 para pagar la condena de 30 años que le fue impuesta por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Turbay, una abogada de 66 años de edad, es la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Florida, una urbanización caraqueña. Su vivienda queda cerca de la de Simonovis y ese fue el argumento que utilizó el Sebin para acusarla de entregarle ropa al policía con el propósito de que eludiera la seguridad y huyera.
Cuando fue presentada ante el Tribunal 36° de Control de Caracas el 30 de junio, luego de estar tres días desaparecida, la Fiscalía la acusó de colaborar en la fuga de un reo, pero la jueza Norelys León Zaa le dio la libertad bajo fianza y ordenó su traslado a El Helicoide mientras conseguían los fiadores.
Más de 500 vecinos de la comunidad firmaron un documento en el que cuestionaban los requisitos impuestos y justo al cumplirse un mes de la detención, el tribunal dejó sin efecto la libertad bajo fianza y emitió una boleta de excarcelación que el Sebin se niega a cumplir porque supuestamente está investigando el caso, lo cual no le corresponde.
Poco tiempo después, el tribunal se declaró incompetente y el caso fue asumido por el Tribunal 17° de Control de Caracas, a cargo de la jueza Emma Carina Plaza, quien ha dirigido cuatro cartas al director del Sebin, Gustavo González López, para solicitarle información sobre Turbay, quien no cuenta con familiares en Venezuela. A pesar de que la defensa ejerció un amparo por el incumplimiento de la boleta de excarcelación, la jueza no procede.
A Turbay no la han golpeado, pero sí torturado psicológicamente. Arriba de la celda que comparte con otras ocho personas está la sala técnica del Sebin, un sitio donde interrogan, agreden y asfixian a los detenidos. Todo se escucha.
Jesús Vásquez, uno de los vecinos de La Florida, denuncia que en la celda donde se encuentra Turbay no llega el agua; su higiene personal depende de una cisterna que no compran con regularidad.
Para evitar que se deprima, los vecinos la visitan miércoles y sábados, le llevan libros y algo de comida. El resto de la semana, alcanzan a llevársela hasta la puerta del recinto, donde los funcionarios la reciben y entregan.
Esta líder vecinal, quien cumplió 66 años el pasado 4 de diciembre, no tiene ningún familiar en el país. La hija y la nieta están en Colombia, a donde viajaría Antonia el 27 de junio, un día después de que el Sebin se la llevara arbitrariamente de su hogar.
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