Puerto Ayacucho.- Con la finalidad de homenajear a los dos ciudadanos que murieron asesinados en las protestas del 23 de enero en la capital del estado Amazonas, opositores llamaron a una ceremonia en la catedral María Auxiliadora, ubicada en la avenida Río Negro, en el centro de la ciudad, algo que les fue negado por la Alcaldía de Atures a través de la resolución Nº 004/2019.
Ante esta decisión, considerada arbitraria por los organizadores, la actividad fue cambiada a la capilla el Carmen, en la urbanización Andrés Eloy Blanco, dándose cita familiares, amigos, políticos y público en general en memoria de Efrén Castillo Sandalio y Johnny Alejandro Hernández Ojeda. La misa fue dirigida por el padre Ely Ponce, en presencia del obispo Monseñor Johnny Reyes.
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Antes de finalizar la misa, José Gregorio Hernández, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre (Favl) en la entidad, denunció que existe una persecución política de parte del Gobierno hacia los dirigentes de diferentes organizaciones que participaron en la protesta del 23 de enero. Dijo haber sido removido del Ambulatorio Militar, lugar donde laboró como médico por 20 años.
Medida de presión
Hernández precisó que le fue notificado de manera verbal por la coronela Caroline Aray, directora del referido centro médico, que fue puesto a orden de Recursos Humanos de Sanidad Militar Caracas, siguiendo directrices del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a nivel regional y nacional. Acentuó que es una medida de presión para que renuncie al cargo que actualmente ocupa.
“Protestamos pacíficamente y ahora nos atribuyen los sucesos del 23 de enero. Es una excusa para perseguirnos políticamente; nos están asediando. Es insólito que la Alcaldía madurista nos haya prohibido hacer una misa en honor a los fallecidos en la catedral María Auxiliadora, primera vez en la historia que algo así ocurre. Esto está finalizando, le quedan horas. Es una verdadera calamidad lo que estamos viviendo en este régimen usurpador”, expresó el dirigente de oposición.
El coordinador del Frente Amplio ratificó que no dejaran las calles: seguirán protestando pacíficamente. Sostuvo que la oposición en Amazonas está conformada por personas serias y responsables. “No somos violentos, repudiamos los actos vandálicos y queremos paz. El estado de derecho está muy golpeado en Venezuela y estamos tomando nuestras previsiones” comentó Hernández.
Confusa resolución
La resolución emanada del despacho del alcalde de Atures, José Zamora, de fecha 21 de enero, precisa textualmente que “se prohíbe otorgar autorizaciones para reuniones públicas o manifestaciones en la avenida Orinoco y en el área comercial de la 23 de Enero de la ciudad de Puerto Ayacucho del Municipio Autónomo Atures del estado Amazonas”, algo que tiene confundidos a los opositores.
Según los argumentos presentados por el alcalde Zamora, el espacio donde está la catedral María Auxiliadora entra en la zona que fue declarada en resguardo a través de la referida resolución. Sin embargo, esta sede se encuentra en la avenida Río Negro, lugar que no aparece reflejado en el texto jurídico. Los organizadores insistieron con llegar hasta la catedral, pero los accesos fueron militarizados.
En defensa de los indígenas
El abogado Pablo Tapo, del Movimiento Indígena de los Derechos Humanos, estuvo presente en la misa y aprovechó la oportunidad para informar que asumió, con un grupo de colegas, la defensa pública y privada de los jóvenes que fueron involucrados en los hechos del 23 de enero, de los cuales seis, incluyendo los cuatro menores, fueron puestos en libertad bajo fianza.
Destacó que están trabajando conjuntamente con la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación de los indígenas que aún permanecen privados de libertad. Por ello realizan un seguimiento para presentar en la próxima audiencia preliminar el recurso de apelación y solicitar la liberación inmediata de todos. Aseveró que el debido proceso ha sido violentado para los ocho indígenas de los 16 a los que les fueron imputados cargos.
Tapo expresó: “Estamos exigiendo una revisión de medida a los ocho indígenas detenidos. No se les ha aplicado la ley como es debido. Nos debemos a la ley orgánica de los pueblos y comunidades indígenas y nada de eso se ha visto en la interpretación que dan los fiscales. Apelaremos para que los liberen; hasta ahora no han presentado nada que los vincule con los hechos violentos del 23 de enero”.
