Caracas.- La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) publicó este miércoles 23 de junio el informe “Ejecuciones extrajudiciales por exigibilidad de DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) en Venezuela”, donde analizan la situación de los derechos humanos en el país entre octubre 2020 y febrero 2021.
De acuerdo a los datos de la ONG, durante los últimos siete años se ha registrado en el país un patrón represivo por el gobierno de Nicolás Maduro, aplicado de forma sistemática contra la población vulnerable que exige derechos económicos y sociales, lo que ha conducido a abusos, violaciones de derechos humanos e impunidad.
“La ejecución extrajudicial se ha convertido en una de las formas más comunes de atentar contra la vida en el contexto de protestas; donde la autoridad aplica la pena de muerte en contra de aquellos que se encuentran ejerciendo su derecho constitucional a expresarse mediante acciones pacificas de calle que buscan hacer un llamado al Estado frente a cualquier situación de vulnerabilidad, corrupción o irrespeto al estado democrático”, señala el informe.
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La ONG señala en su escrito que han documentado 76 ejecuciones extrajudiciales desde 2016, 32 de las cuales ocurrieron en el contexto de manifestaciones para exigir derechos y 44saqueos.
El documento también resalta la acentuación del autoritarismo y el control militar a raíz de la desactivación de los liderazgos sociales y las redes de influencia, la criminalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la falta de autonomía de los poderes públicos
“Las graves violaciones de derechos humanos reseñadas en este informe, se ven facilitados por la impunidad que reina en el país, dada la dependencia absoluta del sistema de justicia al gobierno, dejando de proporcionar justicia imparcial a las víctimas. El sistema de justicia es, pues, otro brazo ejecutor de la represión y castigo a la disidencia”, destacan.
Con la publicación de este informe, JEP se suma a la campaña de denuncias de los abusos del Estado contra la población que exige sus derechos, en la mira de conseguir justicia y levantar un registro histórico de las violaciones de derechos fundamentales en el país.
Puedes leer el informe completo aquí.
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