Familiares aún esperan información afuera de las instalaciones de la cárcel en Guanare | Foto: Captura de video
Caracas.- Grupos de derechos humanos, una diputada y los familiares de los 46 muertos en el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales (Cepello), situado en Guanare, estado Portuguesa, pidieron investigar los hechos y rechazaron la versión de las autoridades de que hubo un intento de fuga.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el sábado, 2 de mayo, su preocupación por los hechos ocurridos en la prisión. “Llamamos al Gobierno a investigar, resolver el hacinamiento y garantizar derechos básicos”, agregó en su cuenta oficial de Twitter.
En tanto, Beatriz Girón, presidenta del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo: “Es como difícil creer que a la una de la tarde, a plena luz del día, se vayan a escapar los presos por la puerta principal”, publicó el medio Reuters. Agregó que en aparte de la versión oficial de la fuga hay, al menos, otras dos hipótesis sobre lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en el estado Portuguesa, construido para albergar unos 750 detenidos, pero donde hay al menos 2.500, según la activista.
El incidente pudo comenzar cuando algunos reclusos protestaban exigiendo el ingreso de la comida que les llevan familiares, denunciando que algunos guardias se quedan con los alimentos, indicó Girón y también la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de los encarcelados. También mencionan, como posible causa, que un “pran”, o jefe entre los reclusos, ordenó un motín por la muerte a finales de abril, fuera de la prisión, de uno de sus colaboradores, agregaron.
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La diputada opositora María Beatriz Martínez, del estado Portuguesa, y Girón dijeron que un oficial de la Guardia Nacional, que custodia la parte externa de las prisiones en Venezuela, fue el encargado “de la operación militar que generó esa masacre” y exigieron investigar lo que realmente sucedió.
Algunos familiares han denunciado que les quieren cobrar 500 dólares por el servicio funerario de cada uno de los fallecidos, sostuvo Girón. El salario mínimo mensual es de unos dos dólares al cambio oficial.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, fue citada el sábado, 2 de mayo, por YVKE Mundial, una emisora oficial, indicando que en el incidente murieron 17 detenidos y que el director de la cárcel resultó herido ese viernes, 1° de mayo, “con un objeto punzo penetrante cuando intentaba dialogar con los reclusos, para que retornarán a la calma”.
Varela agregó que “los responsables, pese a que se encuentran en situación de privados de libertad, serán juzgados conforme a la ley”, según la página web de la emisora.
Con información de Reuters
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