Caracas.- “Solicitamos formalmente a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, que en su próxima visita a Venezuela, constate la actual situación física, psicológica y jurídica de los presos políticos militares en el Sebin, la Dgcim, la cárcel de Ramo Verde y la Policía Militar, para que evidencie de primera mano las arbitrariedades no solo de los cuerpos militares, sino de los tribunales del área”.
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La solicitud corresponde al abogado venezolano en el exilio José Alejandro Noda, vocero de la ONG Nueva Conciencia Nacional por Venezuela, con sede en Estados Unidos, encargada de velar por los derechos de los militares privados de libertad, quien advierte que ya el equipo de trabajo de la Alta Comisionada conoce los casos irregulares de estos venezolanos.
Noda ratifica su denuncia sobre el Presidente de la Corte Marcial, General Edgar Rojas Borges, a quien acusa de impartir instrucciones a través del juez de ejecución del Tribunal Militar de Fuerte Tiuna, Mayor Iván Bustamante Prieto para que no se cumplan las resoluciones emanadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos, llegando incluso a mantener privados de libertad a militares que han cumplido su pena totalmente.
Explica el vocero de NCN, que el Mayor Bustamante Prieto está incluido en la lista de ascensos para ser Teniente Coronel, a manera de premiación por “hacer cumplir” las arbitrariedades ordenadas por el General Rojas Borges, presidente de la Corte Marcial.
Tribunales se niegan a otorgar beneficios procesales
“Son muchos los procesos de presos políticos militares que a pesar de ser sometidos a juicios arbitrarios y ser sentenciados, les corresponden beneficios procesales y estos tribunales se niegan a otorgarlos”, afirmó Noda García.
En este sentido Noda cita el caso del Capitán Juan Carlos Nieto Quintero, quien fue perseguido, torturado, enjuiciado y penado arbitrariamente, por lo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria solicitó su liberación inmediata con la resolución 29-2014 en octubre de ese año, decisión que no fue acatada.
“La ONG Nueva Conciencia Nacional quiere resaltar el hecho de que el Gobierno y sus tribunales hacen caso omiso a lo establecido en pactos y convenios internacionales, así como de la propia Constitución Nacional; situación que intentarán ocultar durante la visita de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, prevista para la próxima semana”, afirma Noda.
Reitera el abogado venezolano en el exilio, que se hace necesaria la celeridad por parte de la Alta Comisionada Bachelet, para que cesen definitivamente las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos militares e incluso se eviten pérdidas de vidas humanas, finalizó.
