Caracas.- La ONG defensora de DD. HH., Defiende Venezuela, denunció este lunes, 24 de mayo, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) niega tratamiento médico al paciente oncológico identificado como José Ernesto Lasorsa, detenido en Valencia, en el estado Carabobo, en septiembre de 2020.
De acuerdo con una nota de prensa enviada por la ONG, Lasorsa fue detenido en la capital del estado Carabobo el 8 de septiembre de 2020 tras haber sido sometido a un interrogatorio días antes y luego drogado con escopolamina. «Actualmente, imputado por delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones y financiamiento al terrorismo, su vida y salud corren riesgo», alertó la ONG.
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Según denunció Defiende Venezuela, Lasorsa sufre de dificultad para respirar, constante sangrado nasal, alta tensión arterial, mareos; náuseas, dolores permanentes de cabeza y pecho, palidez cutánea y pérdida de peso.
«El abogado de Defiende Venezuela, Harold Miñarro, expone que, debido a la falta de tratamiento, actualmente José Ernesto tampoco puede caminar y se debe arrastrar en su celda. Adicionalmente, los guardias del centro de reclusión no entregan a José Ernesto Lasorsa los equipos de sanitarios y alimentos que le lleva su tía», precisó la ONG en su nota de prensa.
Según denunció Defiende Venezuela, la atención médica que Lasorsa ha recibido es reducida. «No se cuenta con un historial íntegro, sino dividido conforme a las consultas que éste ha podido recibir. Ha solicitado la revisión de la medida de prisión preventiva en su contra en una oportunidad, siendo ésta
denegada, pese a constar médicamente el riesgo para su vida e integridad de esperar más tiempo bajo
las actuales condiciones. Nuevamente se ha solicitado la revisión en el mes de abril, sin que hasta la
fecha haya respuesta», detalló la ONG.
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Defiende Venezuela exige al Estado venezolano que garantice las acciones pertinentes para resguardar la vida de Lasorsa, así como también que sean evaluadas las medidas alternativas de aseguramiento del proceso que sean compatibles con los derechos expuestos en su denuncia.