Caracas.- La Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela emitió este miércoles 16 de septiembre, un comunicado en el que destacó la responsabilidad de los altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro en los crímenes de lesa humanidad, recogidos por el informe de la Misión de Determinación de hechos de las Naciones Unidas.
Señaló que en el documento queda en evidencia que tanto Nicolás Maduro, como los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, e Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, contribuyeron de manera directa e indirecta con las violaciones de derechos humanos allí señaladas y, en muchos casos, fueron los responsables de dar las órdenes.
Indicó que el principal objetivo del oficialismo fue neutralizar, reprimir y criminalizar a la disidencia política, especialmente a opositores de alto perfil como dirigentes políticos, militares activos y retirados, funcionarios públicos, jueces, abogados, periodistas, usuarios de redes sociales, manifestantes y trabajadores de salud.
«El informe encuentra motivos razonables para creer que durante el período examinado se utilizaron detenciones arbitrarias contra estas personas que también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual, a manos de las agencias de inteligencia Sebin y Dgcim, usando instalaciones clandestinas», expresa el texto.
También resalta que en el caso del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim), existen pruebas de que en muchas de sus detenciones arbitrarias, los uniformados han recurrido a prácticas como la fabricación de evidencias falsas para incriminar a sus víctimas, como colocar armas en viviendas o automóviles durante sus procedimientos.
La embajada mencionó el caso del diputado Juan Requesens, del cual el informe da testimonio sobre el uso de drogas para inducirle una confesión durante su arresto en los calabozos del Sebin, o el del exconcejal Fernando Albán, cuyo presunto suicidio al caer desde el décimo piso de las oficinas del organismo de inteligencia genera fuertes sospechas de que en realidad pudo tratarse de un asesinato.
Igualmente, se aborda el tema de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), practicada por los diferentes cuerpos de seguridad y en especial por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Allí, según el documento, se atestigua cómo los funcionarios policiales no solo incurrieron en la fabricación de evidencias, sino también en ejecuciones extrajudiciales que luego simularon como enfrentamientos.
«Los agentes de seguridad entraron en las casas e incautaron objetos sin una orden de allanamiento. También documentaron denuncias constantes de testigos y víctimas sobre que las fuerzas de seguridad destruyeron muebles e instalaciones y robaron bienes como alimentos y enseres domésticos, así como dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras y otros objetos de valor», agregó.
