Oficialistas insisten en designar un nuevo CNE en la mesa de diálogo

Caracas.- El artículo 296 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional (AN) es la encargada de designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, y a pesar de lo explícito del artículo, la “política” está buscando otras “vías”.

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Este martes 22, en la Asamblea Nacional se discutió el tema electoral, y mientras la oposición insistió en que la única solución es la elección presidencial a través de la conformación de un ente electoral que genere confianza, el chavismo y sus aliados dibujaron cuál es su aspiración: que la mesa de diálogo que mantienen con partidos minoritarios designe, a través de un “acuerdo político”, un nuevo CNE.

Así lo dijo la diputada Ileana Medina, para quien el Parlamento “no tiene la capacidad jurídica”, por el supuesto desacato, para designar a los rectores.

Asunto distinto es, según ella, con la “mesa de diálogo”, la cual, dijo, cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Medina agregó que la oposición no cuenta, además, con los dos tercios necesarios para designar a los dos rectores, cuyo período ya venció.

Medina insistió en que el único «espacio legítimo” es esa mesa, y además indicó que no habrá elecciones presidenciales, sino parlamentarias.

Incluso, auguró que se repetirá el escenario de 2005: una elección sin la participación de la oposición, pues, para ella, estos le temen al proceso electoral. La suya fue una intervención que generó gritos y pitas de la bancada unitaria.

El diputado Ángel Rodríguez (Psuv), por su parte, sostuvo que la oposición “le debe al CNE más que nosotros, porque hoy son mayoría en la Asamblea”. Según Rodríguez, “el país no tiene viabilidad como se está desarrollando la situación».

Rodríguez agregó: «Tenemos que ser sinceros, más allá del proyecto (chavista) es necesario buscar mecanismos que lleven al diálogo”, y puso de ejemplo el acuerdo al que se llegó con cuatro partidos minoritarios.

Mientras, el diputado Omar González, de la Fracción 16 de Julio, manifestó que el grupo al que representa considera que se debe volver al voto manual “con transmisión electrónica”.

El acuerdo aprobado por la mayoría opositora establece que se desarrollarán todas las acciones necesarias para la defensa del voto y la realización de elecciones presidenciales libres; por eso suscriben el llamado que han hecho entes internacionales, como la Unión Europea, que abogan por elecciones libres.

También se reafirma la propuesta de condiciones electorales que se ha venido construyendo con los distintos sectores de la sociedad civil, donde se ratifica que una elección libre y justa debe contar con los elementos necesarios que garanticen:

a) Un árbitro electoral e institucional imparcial

b) Un cronograma electoral que garantice el derecho al voto y los lapsos para cada una de las actividades del calendario

c) Observación nacional e internacional calificada bajo los principios universales que rigen la materia

d) Campaña electoral equitativa

e) Participación de todos, incluyendo la inclusión en el Registro Electoral de todos los venezolanos en el exterior

f) Auditorías a todos los procesos del sistema electoral

g) Designación de todos los órganos subalternos independientes

h) Fin de las inhabilitaciones y garantías en el ejercicio de los derechos políticos de personas y partidos; así como la eliminación de cualquier mecanismo de coerción del voto.

Asimismo, la mayoría del Parlamento ratifica que la designación de los rectores la hará la Asamblea Nacional.

Piden justicia

Un minuto de silencio, esta vez por la muerte del dirigente político Edmundo «Pipo» Rada, asesinado la semana pasada, hicieron los parlamentarios.

La familia de “Pipo”, como se le conocía al dirigente de Voluntad Popular (VP), considera este homicidio como un crimen político y exige justicia. Con la voz entrecortada, Tadeo Rada, su hermano, señaló que “no callaron una voz. Avivaron muchas más”.

La oposición asegura que funcionarios de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro son los responsables de este homicidio, mientras que el Psuv, en voz de Juan Marín, aseguró que ponían todas las instituciones en manos de la familia para esclarecer este hecho, incluso el puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El acuerdo aprobado señala la responsabilidad del régimen de Maduro y lo que califican como “cuerpos de exterminio”. Los parlamentarios solicitan a la alta comisionada, Michelle Bachelet, y al Consejo de Derechos Humanos la designación de expertos e investigadores independientes que puedan ingresar al país para dar con los responsables de este homicidio.