Caracas.- El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis), en conjunto con la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), advirtió que la situación de las organizaciones sindicales en el país ha empeorado, pese a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el más reciente boletín del Ovlis, el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado en cuenta las recomendaciones hechas durante el último año por la comisión de la OIT -que tiene como objetivo ayudar al Estado en el respeto a la libertad sindical- y la persecución, intimidación y amenazas a sindicalistas se han mantenido.
Según el reporte del Ovlis, entre septiembre de 2019 y este año, han sido reportados 28 nuevos casos de persecución a dirigentes sindicales.
«Se reveló que hasta el 30 de septiembre de este año, hay por lo menos cinco trabajadores privados arbitrariamente de su libertad y más de 100 compañeros sometidos a régimen de presentación. Entre septiembre de 2019 y septiembre de este año hay 28 nuevos casos de persecuciones a dirigentes sindicales», precisó el Ovlis.
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De acuerdo con el observatorio, las principales prácticas de agresión documentadas son las
detenciones arbitrarias, las agresiones violentas contra sindicalistas, asambleas, acciones
colectivas de carácter sindical y contra sedes sindicales; la intimidación a través de prácticas de acoso y hostigamiento, citaciones de las autoridades policiales; órdenes de aprehensión, amenazas telefónicas, despidos, sanciones y suspensión de salario.
En su reporte, el Ovlis destaca que el gobierno de Maduro, que no ha tomado ninguna medida para investigar la violencia sindical, tampoco ha resarcido de manera económica o moral a los dirigentes sindicales detenidos ilegalmente.
El Ovlis precisa el caso del sindicalista Rubén González, sindicalista de Ferrominera. «Nada se ha dicho de la reparación que se le debe a González por las penurias personales y familiares a las que su sometido durante su detención y cautiverio y el antecedente es que no ha recibido todavía ninguna reparación por el primer y accidentado proceso penal al que ya había sido sometido».
Asimismo, el Ovlis destaca en su reporte el caso del trabajador de Ferrominera, Rodney Álvarez, cuya liberación ha sido solicitada por la comisión de la OIT.
«El gobierno ignora, desconoce y agrede a las organizaciones sindicales legítimas y mayoritarias», advierte el Ovlis que recalca, asimismo, el carácter autoritario del gobierno de Maduro y la falta de autonomía de poderes.
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