Monómeros: la criptonita de la oposición

El pasado 6 de septiembre, justo cuando finalizaba la primera jornada del proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria y se daban a conocer los primeros acuerdos parciales, también se conocía que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aprobaba una medida de control a la empresa venezolana Monómeros.

Una noticia que ha sido detonante de las diferencias entre Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Esta no es la primera medida sobre la empresa, vale decirlo. En 2019, luego de que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina, este organismo dedicado a la vigilancia y control sobre las sociedades comerciales en ese país, ejecutó una medida similar.

La nueva medida llegó en un momento en el que la oposición ya tenía dos frentes importantes abiertos: el proceso de negociación y las elecciones del 21 de noviembre. Frentes en los que ya la oposición de por sí, tiene diferencias.

A la renuncia de Carmen Elisa Hernández, presidenta de Monómeros, continuo un comunicado de PJ en el que señalan que su decisión se debió a una solicitud de “miembros del G4” e insistían en la necesidad de crear un fideicomiso que administre los activos en el exterior. Le siguió la decisión de Guaidó de reestructurar a la empresa, algo que aún se espera sea anunciado. 

El Pitazo conversó con Julio Borges, coordinador de PJ y comisionado para las relaciones exteriores del gobierno interino y con una fuente de VP que prefirió no ser identificada. Consultado sobre la solicitud de renuncia de Hernández y cuándo se le habría solicitado, Borges señaló que se habían dado varias reuniones desde hace meses en las que se expresó el descontento por “choques de agendas, sobre todo”.

Aunque señaló que no estuvo en las reuniones, indicó que la decisión fue que ella no renunciara sino pedirle la renuncia o que fuese destituida. Descartando así que la renuncia de Hernández fuera por propia voluntad. La solicitud para que Hernández saliera de Monómeros no quedó por escrito. “Fue conversado en reuniones y en buena parte de esas reuniones estuvo presente, no en todas, Juan Guaidó y quien tenía que comunicarle esa decisión era VP porque ella representa a VP en todo esto”, dijo Borges. 

El dirigente político insiste en que se debe poner a gerentes profesionales y que se le dé estabilidad legal al conjunto de activos a través de un fideicomiso, tema que asegura ha planteado pública y privadamente desde hace año y medio y que, según Guaidó, se está discutiendo en la Unidad.

¿Cómo funcionaría el fideicomiso?

“Primero, hay que tener un anclaje, por llamarlo de alguna manera, un organismo multilateral, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con el fideicomiso, tú lo que estás creando es una especie de caja transparente, para proteger todos los activos (…) y poner reglas de juego que permitan que esas empresas puedan acceder al crédito que es uno de los problemas de Monómeros”, explicó Borges.

Para él se trata de un tema de decisión y voluntad política. “Yo creo que esto no necesita mayor discusión, creo que los eventos que están sucediendo ameritan más bien correr”.

Al ser consultado si cree que ha habido corrupción o mal manejo de recursos, su respuesta es que, “pudiendo hacer las cosas de manera transparente, clara y que fueran un ejemplo versus lo que ha hecho el chavismo, la verdad es que no se ha hecho nada distinto a lo que los venezolanos están mal acostumbrados”.

Agregó que la oposición tiene “una sola misión que es lograr un cambio político en Venezuela. Todo este manejo de los activos lo que ha hecho es quitar el foco. Eso fue un error garrafal”.

Gobierno interino, ¿hasta 2022?

Borges considera que el gobierno interino, “tal y como lo conocemos”, duraría hasta el 5 de enero de 2022 y señala que eso es parte del problema así como el hecho de “vivir pegados en el esquema de 2019 sin haber sido capaces de reinventarnos”.

“Todos los cargos cesan. De aquí al 5 de enero hay que resolver un sistema para el cuidado de los activos, reconstruir una unidad fuerte dentro y fuera del país y transformar todos los cargos en posiciones que ayuden y se integren a esta nueva Plataforma Unitaria”, dijo agregando que PJ tiene unos límites para tomar decisiones si no hay respuestas políticas.

Aunque Borges vivió en Colombia no ha conversado con las autoridades de ese país sobre Monómeros. Sin embargo, dijo estar agradecido con el gobierno de Iván Duque.

VP responde

La fuente vinculada a VP señaló que Colombia informó a finales del año pasado de algunas “sugerencias que tenían para la empresa”. Explicó además que ni la presidencia de la junta, ni la junta tienen control real de la operatividad de la empresa y que, por eso, han pedido desde diciembre cambiar los estatutos.

“La gerencia puede ejercer sin pasar por la junta. Entonces, los contratos de Monómeros los decide la gerencia y su estructura. Y el gerente general tiene la potestad de mover y sacar funcionarios. De hecho, en los últimos meses se cambiaron varios gerentes como el de comercialización, contrataciones, entre otros. Algo que fue cuestionado y denunciado por Carmen Elisa Hernández”, dijo la fuente.

Agregó que el gerente general de Monómeros es puesto por Acción Democrática (AD) así como dos de los directores y uno es de Un Nuevo Tiempo.

“Carmen Elisa no pudo participar en la reunión con los abogados cuando salió la decisión de la Superintendencia porque no la convocaron. Si se revisan los estatutos, las atribuciones de la junta son relativamente pocas, que no quiere decir que pequeñas, pero a nivel operativo no tienen atribuciones. Carmen ha sido una piedra de tranca desde hace varios meses”, agregó confirmando que PJ y AD solicitaron la renuncia de Hernández.

La fuente sostiene que “Monómeros existe gracias al gobierno interino y al de Colombia porque en 2019 hubiese quebrado si seguía en manos de Maduro. ¿Ha habido errores? Muchos y problemas, pero el balance es que Monómeros sigue operativa aunque reconoció que la empresa tiene un problema financiero serio. 

“Es una situación compleja en la que interviene además el hecho de no tener acceso al financiamiento de la banca sumado a que no se sabe si la licencia que tiene hasta 2022 será renovada”, dijo.

La fuente también calificó de “torpeza” la carta enviada por algunos factores de la Asamblea Nacional electa en 2015 al Gobierno de Colombia rechazando la medida de Superintendencia así como de la empresa que, “en vez de tomar nota, lo que han hecho es enfrentarse a Colombia”.

“Si el Gobierno de Colombia hubiese querido quitarle Monómeros a los venezolanos, lo hubiese hecho hace rato”, dijo.

Por otro lado, aseguró que VP no está en desacuerdo con la idea del fideicomiso propuesta por PJ, pero considera que la forma de proteger los activos es hacer una organización de países, y no técnicos que ponen los partidos, que protejan y que pueda supervisar la gestión de éstos.

Consultado sobre cómo quedaría la soberanía de las empresas, explicó la fuente que sería “un tratado que deja muy explícito que los activos son de los venezolanos. Y de esto hay ejemplos y la Asamblea debe tener una participación allí”.

En cuanto a que sea el BID, dijo que el problema radica en que Venezuela le debe dinero a esa instancia lo que puede generar un conflicto de intereses, sin embargo, considera que sí podría ayudar en la conceptualización. Según él, los activos tienen el tiempo que les de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos (OFAC).