Foto: Archivo
Caracas.- La visita del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, Tarek William Saab, a la Corte Penal Internacional (CPI) no estuvo exenta de inconsistencias, pues la primera es la propia presencia de Saab en La Haya ante la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
La CPI informó que su Fiscalía determinó que hay fundamento para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes que le competen a la jurisdicción de la CPI.
El abogado y activista de derechos humanos, miembro del consejo consultivo de la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, consultado por El Pitazo, considera que la visita de Saab a la CPI para frenar los avances de esa instancia en el caso de Venezuela no generó el resultado deseado para el gobierno de Maduro.
«Para expresarlo con un refrán: fue por lana y salió trasquilado. Porque el mismo día que aparece fotografiado con la fiscal, ésta anuncia que considera, según el análisis que han hecho, que la corte tiene competencias para conocer sobre los delitos en Venezuela que son de su competencia», explicó Alvarado.
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La presencia de Saab en la sede del tribunal de justicia internacional generó inquietud, pues no es el procurador general, funcionario a quien le compete la representación de la defensa del Estado.
De acuerdo con Alvarado, no es Saab quien debe representar al gobierno de Maduro ante esa instancia internacional, sino los representantes de su gobierno que actúan en el sistema internacional de derechos humanos.
«Esta visita resulta contraproducente para el gobierno y su estrategia, porque se supone que el fiscal -Saab- debería estar imputando a los altos funcionarios señalados por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que forman parte de la estructura criminal del gobierno de Maduro que ha cometido delitos de lesa humanidad», añadió Alvarado.
El activista de derechos humanos advierte que, aunque lo anunciado por la CPI es un avance, que plantea más posibilidades para llevar ante la justicia internacional a quienes son señalados de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela, es un proceso lento que requiere de años.
«Se abren caminos para que quienes cometieron delitos de lesa humanidad sean juzgados, pero hay que tener cuidado con falsas ilusiones sobre enjuiciamientos a la vuelta de la esquina; este es un proceso que puede tardar muchos años, porque si avanza la fase de verificación, la corte puede empezar a investigar», detalló Alvarado.
Según lo informado por Saab, la delegación del gobierno de Maduro que estuvo en La Haya, conformada también por el titular de la Defensoría del Pueblo, ratificó el compromiso del Estado venezolano para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de violaciones de derechos humanos.
«Políticamente le salió muy mal esta jugada al gobierno de Maduro. Tarek William Saab es simplemente una ficha de Maduro», consideró Alvarado.
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Ante los señalamientos que han surgido hacia la CPI por los retrasos de esta instancia en los pronunciamientos sobre el caso de Venezuela, Alvarado asegura que existe confianza en la independencia de la Fiscalía de la CPI.
«Hay conciencia, a medida que la corte va investigando, de que no hay mayor voluntad para sancionar a los responsables de violar los derechos humanos», puntualizó.
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