Caracas.- «No los mató el mar sino la emergencia humanitaria compleja», señaló la diputada Manuel Bolívar en relación a los fallecidos en costas del estado Sucre cuando intentaban huir del país.
Lo ocurrido fue tema de debate en la última sesión ordinaria de este segundo período legislativo y que se realizó de forma mixta, virtual y presencial, este martes 15 de diciembre.
La diputada Bolívar (Miranda-VP) recordó que a este caso, que conmocionó al país la noche del 12 de diciembre, lo antecedieron casos como el de la embarcación Yoannalys con 38 personas a bordo y que, entre abril y mayo de 2019 hubo al menos 50 naufragios.
También señaló que la mayoría son mujeres, con lo cual la trata de personas es uno de los principales delitos cometidos contra estas personas de escasos recursos y con muchas necesidades.
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La parlamentaria exige que Trinidad y Tobago sea garante de los derechos de los venezolanos ya que han firmado tratados internacionales. Algo en lo que coincide el Comisionado para la atención de migrantes, David Smolansky, quien tuvo un derecho de palabra en la sesión de este martes.
Smolansky pide investigar lo que está ocurriendo en las costas de Sucre y en el Delta.
El acuerdo aprobado se solidariza con las familias de estas personas y plantea la declaratoria de tres días de duelo nacional por las víctimas del naufragio de Güiria; instar a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a iniciar una investigación sobre los sucesos ocurridos con las víctimas del naufragio de Güiria, para determinar las responsabilidades frente a estos hechos.
También se instruye al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, para que envíe una comunicación de protesta al gobierno de Trinidad y Tobago, por su actitud que califica de complicidad ante la muerte de estos migrantes-refugiados así como también instruya al Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, a que realice la denuncia de estos hechos ante organismos como la OEA, ONU, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, y la Misión Especial de Determinación de Hechos de la ONU.
La Asamblea también aprobó declarar la responsabilidad política frente «a la actitud indolente e irresponsable del régimen ilegitimo de Nicolás Maduro«.
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Le piden además al comisionado Borges que solicite a la OEA una averiguación independiente de los hechos y se remita la misma a los organismos jurisdiccionales internacionales para que fijen responsabilidades en el caso.
La Asamblea Nacional insiste en el llamado a la comunidad internacional a darle el estatus de refugiados a los migrantes venezolanos u finalmente, exhortan a los venezolano a unirse, organizarse y movilizarse.
