Nicolás Maduro aseguró este jueves, 24 de septiembre, que el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela no pertenece al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino que, a su juicio, está subordinado al Grupo de Lima y a los intereses de Estados Unidos con el fin de manchar la imagen de su gobierno.
«Es una comisión dependiente, partidista, un informe totalmente envenenado y politizado«, opinó durante la entrega de un informe elaborado por una Comisión de la Verdad conformada por integrantes del oficialismo, y que presenta su propia versión sobre la situación de derechos humanos en el país diferente a la registrada por la ONU.
A pesar de que la firma del informe de Maduro se produce una semana después de la publicación del documento de la misión, señaló que su Comisión de la Verdad, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la Cancillería y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, ha operado desde hace años para recoger lo que considera es «la verdad de Venezuela».
Durante el acto, pidió a las autoridades de los Poderes Públicos hacer máxima difusión del texto oficial, y no descartar la posibilidad de encomendar al ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, la producción de un documental basado en el contenido del informe para su emisión en todos los canales de televisión estatales.
El gobernante además solicitó al Poder Judicial investigar cualquier caso de violación de derechos humanos que reciba para establecer responsabilidades y hacer justicia en los casos que sean necesarios. “Estoy a las órdenes de la Comisión de la Verdad, de la Fiscalía General de República, como siempre, para establecer la verdad de Venezuela”, aseveró.
En informe estuvo firmado por el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab; el defensor del Pueblo designado por la ANC, Alfredo Ruiz Ángulo; el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe; y el canciller Jorge Arreaza.
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Reunión con Guterres
Maduro indicó que conversó la mañana de este jueves con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una videollamada de casi 30 minutos en la que hablaron, entre otros temas, sobre la articulación regional para enfrentar la pandemia de COVID-19 y, además, estudiaron la posibilidad de enviar una misión de las Naciones Unidas como observadores internacionales a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
«Él me dio un conjunto de recomendaciones muy valederas, muy importantes, se las agradezco bastante, con su experiencia política», dijo.
Igualmente, apuntó a que «a más tardar el lunes» enviará a Guterres el informe de la Comisión de la Verdad.
También hablaron sobre la necesidad de estrechar relaciones con entre el oficialismo y la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Dijo que espera en los próximos días poder reunirse con la funcionaria en videoconferencia.
«Hay muchas cosas que hay que pasar balance. Aún mantenemos muchos criterios diferentes con la doctora Michelle Bachelet, a veces hay informes que le llegan a ella, a veces hay informes que ella emite que no son exactamente la verdad de lo que ocurre en Venezuela, porque hay mucha influencia de las campañas mediáticas y todavía hay mucha influencia de los personeros que estaban con el antiguo comisionado«, manifestó.
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Actuación en protestas
Maduro afirmó que durante las protestas ciudadanas de 2014 y 2017, las cuales dejaron un total entre ambas de 170 muertos y más de 6.100 detenidos, su administración actuó «en apego al Estado de Derecho», y señaló que posee suficientes elementos probatorios para determinar la responsabilidad de dirigentes opositores en lo que calificó como un intento insurreccional de derrocarlo.
Indicó que por esas acciones existen políticos procesados por la justicia por su participación en las protestas como Leopoldo López, a quien llamó «psicópata» y comentó que luego de su entrega a las autoridades en 2014, no fue imputado de más cargos porque la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no quiso pedir una condena más fuerte de la que al final recibió, de 13 años, 9 meses y 7 días.
Por otro lado, Maduro aseguró que durante las protestas de 2017, el actual comisionado del gobierno interino de Juan Guaidó para la ONU, Miguel Pizarro, estuvo detrás de la organización de los grupos de manifestantes conocidos como «guarimberos», a los cuales, según él, «los mandaron con bombas a explotarse», como asegura que ocurrió con el caso de Neomar Lander, asesinado en la avenida Libertador de Caracas el 7 de junio de ese año.
“En Venezuela no hemos tenido una oposición democrática, civilizada, dialogante. Hemos tenido una oposición en manos de grupos extremistas que han ensayado todos las formas de violencia y han llevado a Venezuela a las puertas de una guerra civil por lo menos en dos oportunidades”, agregó.
La versión de Maduro sobre la muerte de Lander difiere de la ofrecida entonces por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien aseguró que el joven manifestante perdió la vida al intentar manipular un mortero casero, a pesar de que videos y exámenes posteriores demostraron que la causa real fue el impacto de una bomba lacrimógena en el tórax disparada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
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