Maduro estuvo acompañado por el diputado Luis Parra, quien será miembro del Consejo de Estado como representante del Poder Legislativo. Foto: Cortesía Twitter @NicolasMaduro
La noche de este martes 31 de marzo se instaló en el Palacio de Miraflores el Consejo de Estado, el cual estará presidido por la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, para fungir como máximo órgano administrativo y consultivo del país, bajo la contingencia por la pandemia de coronavirus.
En su resolución, el consejo se declaró en emergencia y en sesión permanente, por lo que trabajará junto a la Comisión Presidencial para la Prevención del Coronavirus, también dirigida por Rodríguez, para recomendar políticas públicas sobre el control y seguimiento del avance del virus.
El Consejo de Estado fue instalado en presencia de Nicolás Maduro, y de acuerdo a los artículos 251 y 252 de la Constitución, está encabezado por la vicepresidenta ejecutiva de la República y compuesto por un representante del Poder Judicial, en este caso el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; un representante del Poder Legislativo, donde figura el diputado Luis Parra, autoproclamado como presidente de la Junta Directiva paralela de la Asamblea Nacional; y un representante de los gobernadores, siendo designado el titular del estado Miranda, Héctor Rodríguez.
Igualmente, el consejo está integrado por cinco miembros designados por el presidente de la República. Aunque Maduro no especificó que ocuparían ese cargo, sí dispuso para la reunión del contralor general impuesto por la ANC, Elvis Amoroso; el ministro de Salud, Carlos Alvarado; el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), Remigio Ceballos.
Buena parte de las intervenciones dentro de la reunión de instalación, así como de la resolución final, se centraron en el rechazo a las sanciones económicas aplicadas por EE.UU., que según Rodríguez, impiden al Estado venezolano adquirir alimentos, medicinas y equipos para combatir la pandemia, aún cuando el propio gobierno norteamericano ha negado en varias oportunidades que dichos rubros se encuentren bloqueados.
«Es urgente que Venezuela pueda acceder a los recursos que de manera legal le corresponden, y que han sido sustraídos o bloqueados por la acción del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Así mismo, exigimos que Venezuela reciba el mismo trato que los demás países del mundo, y de ese modo, utilice los mecanismos de auxilio y ayuda humanitaria a través de los sistemas financieros multilaterales», explicó.
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Nicolás Maduro informó durante la reunión que se reportaron este martes ocho nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, para un total de 143 personas infectadas.
Indicó que de los nuevos casos, tres vienen de Perú, tres del Reino Unido y dos de procedencia desconocida a los que consideró como posibles contagios locales. Agregó que tres casos se registraron en el municipio Girardot (estado Aragua), uno en Cumaná (Sucre), uno en el municipio Chacao y tres en Baruta, ambos en el estado Miranda.
Explicó que de los nuevos contagios, los tres confirmados en Aragua están relacionados con la fiesta celebrada en el archipiélago de Los Roques a principios de marzo, de la cual han salido varios contagios y al que el gobernante calificó como un acto de «terrorismo biológico». También hizo mención de las 18 personas detenidas la noche de este lunes en una fiesta en el sector Los Palos Grandes de Caracas, donde habían dos invitados positivos de coronavirus que incumplieron su aislamiento.
«¿Qué hacían en la fiesta?, si tenían que estar en su casa, cumpliendo el régimen de aislamiento», comentó, a la vez que instó a la población a tomarse en serio la cuarentena nacional.
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Maduro apuntó a las jornadas de despitaje como clave para combatir la propagación del virus, agregando que para los próximos dos o tres meses, toda la población debería haberse hecho la prueba de detección.
El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, tomó la palabra en el consejo para ofrecer un balance sobre la pandemia de COVID-19 en la entidad, señalando que el 80% de los casos locales han surgido en el Área Metropolitana de Caracas, específicamente en los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo.
Atribuyó la concentración de contagios a que en esos municipios viven mayoritariamente personas de clase media y alta, las cuales aseveró, tienen mayores posibilidades de viajar al extranjero.
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El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aprovechó su intervención para denunciar lo que calificó como un «acto de piratería» ocurrido este martes, cuando un buque de la Armada fue hundido por un crucero de turistas que ingresó sin autorización a aguas venezolanas, cerca de la isla La Tortuga, en las Dependencias Federales.
Explicó que el «buque agresor» fue invitado por los funcionarios de guardacostas a redirigirse al puerto de la isla de Margarita, y mientras se escoltaba la nave, se produjo un choque entre ambas embarcaciones que acabó con el hundimiento del buque de vigilancia venezolano, sin registrarse muertos ni heridos en el proceso.
Según un comunicado del Ministerio de la Defensa, el guardacostas Naiguatá (GC-23) zozobró cerca de las 12:45 de la madrugada al noroeste de la isla, durante un procedimiento de control de tráfico marítimo al buque Resolute, de bandera portuguesa y con unas dimensiones de 122 metros de longitud y 8.300 toneladas de peso.
«La acción del buque ‘Resolute’ se considera cobarde y criminal, toda vez que no asistió al rescate de los tripulantes, incumpliendo la normativa internacional que regula el salvamento de la vida en la mar. Este buque actualmente se encuentra en el puerto de Willemstad, capital de Curazao, donde atracó en horas de la mañana», reza la nota de prensa.
Padrino López indicó que la Fuerza Armada se encuentra alerta por el hecho, al que no dudó en calificar de sospechoso. «Seríamos muy ingenuos de ver esto como un accidente de carácter aislado. Hay que ver qué hacía ese buque cerca de la isla La Tortuga, donde hay una pista de casi 2.000 metros«, opinó.
A su denuncia, Maduro agregó que ningún barco de pasajeros está circulando debido a los cierres fronterizos y medidas internacionales tomadas por la contingencia por el COVID-19, por lo que señaló que probablemente contenía mercenarios para atacar bases militares venezolanas.
«Fue un acto de piratería internacional, y esto pica y se extiende, esto va más allá, es un barco de turistas, hay que ver porque a ningún barco de turistas lo están aceptando por el coronavirus en ningún puerto del mundo, y el barco llegó directo adentro del puerto (de la isla La Tortuga) con ayuda, lo estacionaron. ¿Llevaba personal?¿Qué personal llevaba?¿O sería un barco que estaba trasladando mercenarios para atacar bases militares en Venezuela? Descargarlos por ahí en alta mar, uno se puede preguntar mil cosas», argumentó.
Pidió la colaboración del gobierno del Reino de Países Bajos en Curazao, isla donde atracó el crucero después del incidente, para investigar los detalles de su procedencia y tripulación. También ordenó modificar todos los protocolos de abordaje de embarcaciones que ingresen sin permiso al territorio marítimo venezolano.
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Por su parte, el diputado Luis Parra, reconociendo abiertamente a Nicolás Maduro como presidente de la República, felicitó a su gobierno por las medidas tomadas para contener la pandemia, y propuso, a nombre del Poder Legislativo, construir un acuerdo humanitario y un plan inmediato de atención social, gestionado por el Estado venezolano.
«Todos los actores estamos obligados, más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas (…) a actuar con sensatez. Y el primer llamado que le hacemos al pueblo de Venezuela, es que todos somos responsables de todos», dijo.
A su juicio, los protocolos sanitarios son los correctos, pero también advirtió que existen serias carencias en la alimentación de los ciudadanos en todo el país que ameritan la aplicación de ayuda humanitaria. Aunque instó al gobierno de Maduro a «hablar con la verdad», minimizó el tema de escasez de gasolina durante la cuarentena, asegurando que «a veces es más el ruido que se hace».
Como respuesta, Maduro se mostró a favor de la idea del plan de atención inmediata y le instó a presentar sus propuestas como miembro del consejo. También invitó nuevamente a todos los sectores de la oposición a reunirse con él en la sede de la Nunciatura Apostólica, ya que hasta el momento no ha recibido ningún mensaje por parte de la Junta Directiva legítima de la Asamblea Nacional, ni del gobierno interino de Juan Guaidó.
«Espero, ministro Jorge Rodríguez, diputado Luis Parra, tener buenas noticias en las próximas horas y en los próximos días sobre un diálogo fecundo con todos los sectores políticos para un gran acuerdo humanitario nacional, con el apoyo de la comunidad internacional», apuntó Maduro.
Sobre las sanciones de EE.UU., Parra aseguró que solo afectan a la población, por lo que pidió a la comunidad internacional descongelar las cuentas bancarias del Estado para el plan de atención inmediata, a su vez que criticó al gobierno interino por presuntamente mantener en pie el bloqueo contra Venezuela en tiempos de necesidad.
«En nombre del Poder Legislativo, reiteramos los llamados que hemos hecho al mundo democrático. Son válidas todas las actuaciones que obviamente vayan dirigidas a preservar la vida en este momento tan crucial que atravesamos en el planeta. No es momento para entrar a las diferencias y para cercar a un país que lo que está pidiendo es que nos incorporen en un planteamiento para que la vida de los venezolanos podamos preservarla», finalizó.
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