Luisa Ortega Díaz se pronunció sobre supuestas investigaciones de EE. UU. en su contra

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La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se pronunció este miércoles 8 de abril a través de su cuenta de Twitter sobre la existencia de una supuesta acusación en su contra investigada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por el presunto delito de extorsión.

Mediante un video, señaló que existe una denuncia por parte del empresario Carlos Enrique Urbano Fermín, quien posee fuertes vínculos con Pdvsa y el gobierno de Nicolás Maduro, en un acto que ha calificado como un montaje orquestado por el actual fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.

«Confío en la Justicia norteamericana, pues en Estados Unidos las instituciones sí funcionan. Sin embargo, me sorprende que un caso montado vilmente por Tarek William Saab, como es la supuesta extorsión al ciudadano Carlos Enrique Urbano Fermín, se pueda estar investigando en ese país», indicó.

Indicó que el hermano de Urbano Fermín se encuentra detenido en Venezuela, por lo que argumentó que está siendo chantajeado para declarar contra ella, en un intento del oficialismo por desvirtuarla y perseguirla en el exterior.

«El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarando en mi contra es un claro indicio de que él está siendo coaccionado por el régimen venezolano. Yo tengo clara información de que el hermano de Carlos Enrique es tratado por el régimen de Maduro como un rehén; su vida depende de que a mí me vinculen con algún caso criminal«, explicó.

También señaló que la presunta extorsión fue reportada luego de abril de 2017, justamente después de que la entonces fiscal en funciones se rebelara contra el gobierno de Maduro y fuera posteriormente apartada de su cargo de manera irregular por el Tribunal Supremo de Justicia y forzada a partir al exilio.

«Esto no es más que una simple venganza del régimen, que montó todo este caso y envió a este señor a Estados Unidos a actuar en mi contra para salvar la vida de su familiar preso en Venezuela», agregó Luisa Ortega Díaz.

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Sin embargo, lejos de comparecer ante el tribunal de Florida en calidad de víctima, Carlos Enrique Urbano Fermín ha sido acusado por esa misma corte y se encuentra bajo custodia federal por participar en una red de pago de sobornos a altos funcionarios de la Fiscalía General en 2017, y del que se investiga la presunta participación de Ortega Díaz.

De acuerdo con un reportaje del periodista Casto Ocando recogido en el portal expresaMe, el empresario buscaba evitar que sus negocios con Pdvsa fuesen objeto de investigación judicial, por lo cual pagó la suma de 100.000 dólares a través de un abogado venezolano que actuó como intermediario en un banco de Miami.

Tanto Carlos Enrique como su hermano Carlos Eduardo poseen juicios pendientes en Venezuela por los delitos de legitimación de capitales y asociación, por el desfalco de 2.000 millones de dólares de la Faja Petrolífera del Orinoco entre los años 2010 y 2016, hecho por el que también fue detenido el exgerente Pedro León, así como Massimo Giuseppe Decaro Prado, quien actuaba como presunto testaferro de los hermanos Urbano Fermín en el manejo de contrataciones fraudulentas en la franja.

A través de las empresas familiares CEUF Corporation Limited S.A. y Constructora Urbano Fermín C.A, se gestionaban negocios con subsidiarias de la estatal petrolera como Sinovensa, Petromiranda y Petrocedeño.

En septiembre de 2017 Carlos Esteban, uno de los hermanos Urbano Fermín, fue arrestado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y puesto a la orden del Tribunal de Control Nº 6 del estado Anzoátegui, que le imputó cargos por peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista, por el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se desconoce si este es el hermano al que hace referencia la fiscal general, así como el estado actual de Carlos Eduardo, quien posee orden de aprehensión en el país.