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Caracas.- La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, es descrita por los seguidores del expresidente Hugo Chávez como una valiente militante que defiende con las garras sus ideales. Pero los opositores consideran que no debería ser considerada una figura política, por su personalidad agresiva.
Tiene una larga lista de agresiones físicas contra políticos y periodistas como Gustavo Azócar, Alfredo Peña, César Pérez Vivas y Miguel Ángel Rodríguez, y de choques verbales contra políticos como María Corina Machado. También es conocida por sus amenazas de quitarles la nacionalidad venezolana a los extranjeros que no apoyaran el proceso revolucionario.
En noviembre del año 1992, ya graduada de abogada en la Universidad Católica del Táchira, Varela tuvo un parto por cesárea en la sede de la Cruz Roja de San Cristóbal. La tragedia marcó ese momento: su hijo solo vivió 15 días.
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En 2007, el periodista Gustavo Azócar publicó el libro »Historias negras de los próceres rojos: la Comandante Fosforito». En el texto incluía un relato titulado “La madre que no pudo ser”, en el que afirma, sostenido con fuentes anónimas y sin evidencias claras, que el comportamiento agresivo y el odio manifiesto de Varela se debe a la muerte de su hijo tras aquel parto complicado.
La reacción de Varela, entonces diputada, fue causar destrozos en el escenario del programa Café con Azócar. Según reseña Poderopedia, hay un video en Youtube en el que se comprueba que lanzó los muebles al suelo, maldijo a Gustavo Azócar y posteriormente lo golpeó en la cara.
Esa coyuntura no impidió a Varela continuar su carrera en la política de la llamada quinta república. Llegó al Ministerio de Prisiones en julio de 2011, tras resolver los disturbios ocurridos en las cárceles de Yare y El Rodeo ese mismo año. El cargo lo desarrolló de forma ininterrumpida desde 2011 hasta junio de 2017, cuando se separa de la instancia para optar por un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Sin embargo, Nicolás Maduro la ratificó en su cargo el 4 de enero de 2018.
El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, interpuso el 6 de mayo de 2019 una denuncia en contra de la ministra Varela por haber afirmado que él encubría a los pedófilos que violaban niños en el seminario y en la catequesis.
El 24 de febrero de 2019, fecha en la que se intentó ingresar al país la ayuda humanitaria, Iris Varela se acercó al puente internacional de Ureña, fronterizo con Colombia, acompañada de guardias nacionales y hombres de civil fuertemente armados con fusiles y pistolas, para evitar que los alimentos y medicinas entraran al país.
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Hasta 2013, Iris Varela debió asumir los derramamientos de sangre en La Planta, en el Distrito Capital; Uribana, en Lara; el Centro Penitenciario de Los Andes, en Mérida, y Sabaneta, en Maracaibo; motines en la Ciudad Penitenciaria de Coro, el internado judicial de Monagas y el centro de arrestos preventivos de Cumaná.
Su política de desalojo penitenciario se repitió en Lara, Zulia y Mérida. Pero además, los centros a donde llegaban los miles de reclusos sufrieron un mayor hacinamiento; tal es el caso de Tocorón, Tocuyito y la Penitenciaría General de Venezuela. Para acelerar el control penitenciario, Varela presidió la creación y ejecución del plan Cayapa, un programa de censo y revisión de detenidos que, incluso, podía acelerar el proceso judicial de cada recluso. Con ello, en 2013 salieron libres de forma condicional más de 4.500 reclusos en todo el país.
Bajo su gestión, la cárcel de Uribana, hoy llamada David Viloria, y los centros de reclusión de Barinas, Portuguesa y Trujillo están bajo el denominado régimen penitenciario, que se fundamenta en el control del centro por parte del Estado y no de los reclusos.
El 26 de julio de 2017 se dio a conocer que Varela había sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se le advirtió de penalizaciones de carácter económico e individual.
El 30 de marzo de 2018 también fue sancionada, pero esta vez por el Gobierno de Panamá, que la consideró de alto riesgo por presunto blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El 9 de julio de 2019, en una entrevista con Insight Crime, Varela negó las acusaciones del exjefe del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, en las que este aseguraba que la ministra había pedido 30.000 rifles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para armar su ejército con privados de libertad.
Su nombre también figura entre los funcionarios y empresarios relacionados con el gobierno de Maduro castigados por el Tiar el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.
El 1º de mayo de este 2020 se registró un motín en el Centro Penitenciario Los Llanos (Cepello), ubicado en el estado Portuguesa, donde murieron 46 reos y 75 resultaron heridos, y tanto el Estado venezolano como Iris Varela, siendo ministra de Prisiones, se tardaron en atender la crisis previa que desembocó en la tragedia y en apoyar a los afectados.
Ese mismo día, la ONG Provea aseveró que ya se habían registrado cuatro masacres carcelarias en Venezuela, estando Iris Varela ocupando el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
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