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Además, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta noviembre se habían registrado más de 9.000 protestas provocadas por diversas problemáticas como la falta de asistencia médica durante la pandemia de COVID-19, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de los fondos de ayuda alimentaria y la carencia de servicios básicos (incluido el combustible). Unas 402 de estas protestas recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército o grupos armados progubernamentales, que causaron la muerte de 6 manifestantes y lesiones a otros 149.
La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia.
Según la organización venezolana de derechos humanos, Foro Penal, hasta octubre se registraron 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones.
Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero.
Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los periodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento en las etapas iniciales de la reclusión, lo que dejaba a las personas detenidas más expuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual para obtener declaraciones. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la Dgcim.
Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes.
En el informe se reseñó que el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía, el Ejército y los grupos armados contra manifestantes seguía siendo generalizado. Las autoridades no tomaron medidas significativas para impedirlo.
Hubo numerosas denuncias de uso indiscriminado de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley. En mayo, un enfrentamiento armado entre presuntas bandas delictivas en Petare, un barrio de bajos ingresos de Caracas, provocó una operación conjunta de la policía y el ejército que duró más de una semana. En ese periodo se recibieron varios informes de episodios constantes de disparos indiscriminados y denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
La Oacnudh publicó en julio un informe sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el que se concluía que las víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a obstáculos estructurales, especialmente la ausencia de independencia judicial.
En septiembre, el Ministerio Público anunció que 565 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían sido acusados de violaciones de derechos humanos cometidas desde agosto de 2017.
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Seguían utilizándose juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a las del gobierno de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles o personal militar retirado.
La Oacnudh señaló importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia de otras autoridades públicas.
La mayor parte de los circuitos judiciales suspendieron sus actividades a partir del 15 de marzo debido a las restricciones por la COVID-19, y únicamente seguían funcionando los tribunales competentes en materia de delitos flagrantes.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro por eludir el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en Venezuela.
Continuó el monitoreo de la situación del país a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) creado por la Comisión Interamericana.
La Oacnudh mantuvo un equipo de dos oficiales en el terreno, y en septiembre anunció el refuerzo de su presencia en el país y se comprometió a que tres procedimientos especiales visitarían Venezuela en 2021.
La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hizo público en septiembre su primer informe. En él se afirmaba que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas habían planificado y llevado a cabo desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales —como las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura— eran constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y que existían motivos razonables para creer que el presidente Maduro y parte de su gabinete ministerial ordenaron los delitos documentados en el informe, o habían contribuido a ellos.
Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Hubo profesionales de la salud y periodistas que informaban sobre la pandemia de COVID-19 que sufrieron hostigamiento y amenazas. Algunos fueron acusados de incitar al odio.
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