| Foto: Gustavo Alemán para Sky News-Referencial
En su informe Libertad de expresión en cuarentena, la ONG Espacio Público estudió los casos de violaciones a la libertad de expresión entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de enero de 2021. En 10 meses de confinamiento hubo, según revelaron, 321 violaciones a la libertad de expresión, que además de impedirles a los periodistas ejercer su labor, criminalizaron la denuncia.
La ONG venezolana contabilizó al menos 90 detenciones arbitrarias en ese lapso, que incluyó a 28 periodistas, 27 particulares, 9 trabajadores públicos, 9 reporteros gráficos, 6 trabajadores de la salud, 6 conductores, 3 camarógrafos y 2 miembros de una ONG e Iglesia.
Sin embargo, antes ya había casos documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, según los cuales el encarcelamiento fue la norma para quien opinara en redes sociales.
El caso más emblemático es el del tuitero Pedro Jaimes. En 2018 publicó la ruta del avión presidencial de Nicolás Maduro y por eso estuvo preso desde el 10 de mayo de ese año hasta el 17 de octubre de 2019.
Su juicio duró hasta enero de 2021, cuando le dieron libertad plena. A Jaimes lo acusaron de “espionaje informático, revelación de secretos políticos e interferencia a la seguridad operacional”. Un tribunal en Los Teques lo dejó en libertad plena.
Pero en el tiempo que estuvo encarcelado sufrió tratos crueles y vejaciones. La Misión de Determinación de Hechos, en su informe sobre Venezuela, afirmó que en el caso de Jaimes hay indicios de que en su contra se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad.
El director de la página de noticias Reporte Confidencial, Braulio Jatar, fue apresado en abril de 2019. El medio informó sobre los ataques o pedradas que lanzaron a Nicolás Maduro en una visita a una comunidad que hizo en Nueva Esparta.
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Por eso, Jatar fue privado de libertad, el medio allanado en Margarita y él encarcelado en el Sebin.
Las detenciones arbitrarias para periodistas y trabajadores de la prensa fueron instrumentos empleados contra los comunicadores que informaron sobre la enfermedad del nuevo coronavirus.
Entre enero y junio del año pasado se abrieron procesos judiciales contra los siguientes periodistas: Darvinson Rojas, por informar sobre el coronavirus; Arnaldo Sumoza, por cubrir protesta de agua; Eduardo Galindo Peña, en Apure; Carol Romero, a quien detuvieron por grabar una pelea entre un guardia nacional y usuarios en una gasolinera; María Luisa Arriaga y Marco Antoima, a quienes acusaron de llevar cuentas anónimas en redes sociales.
Ante esta serie de ataques, el 30 de abril de 2020 los relatores de la ONU sobre defensores de los derechos humanos (Michel Forst), libertad de expresión (David Kaye) y libertad de asociación (Clément Nyaletsossi), llamaron a la administración de Nicolás Maduro a cesar los ataques contra el periodismo venezolano.
Este 31 de marzo de 2021, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en El Tigre, zona sur de Anzoátegui, detuvieron a la periodista y novelista Milagros Mata Gil, así como al poeta y escritor Juan Manuel Muñoz, conocido como “Moriche”, por el presunto delito de instigación al odio. La detención se produjo por un artículo de opinión que Mata Gil, de 69 años de edad, publicó el martes 30 de marzo en un grupo de WhatsApp que administra Muñoz.
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Este jueves, 1 de abril, el Tribunal Tercero de Control de El Tigre, a cargo de la jueza Carolina Mansour, ordenó la libertad con medida cautelar tanto para Mata Gil como para el escritor Juan Manuel Muñoz. También les prohibió el uso de las redes sociales.
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