Caracas.- El Comisionado Presidencial del Gobierno interino para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, presentó este lunes, 5 de julio, un informe denominado “Contumacia Institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”, a propósito de la actualización que hiciera la Alta Comisionada el pasado viernes de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La oficina que dirige Prado resumió cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha incumplido las 23 recomendaciones contenidas en el informe que presentó Bachelet hace un año, entre ellas el hecho de que después de 365 días, aún no se haya creado la oficina permanente del Alto Comisionado, aunque ciertamente en el país están tres representantes de esa instancia.
Otra recomendación tiene que ver con el acceso a medicinas y alimentos, así como servicios básicos, los cuales se han agravado en los últimos meses a raíz de la pandemia.
Una de las recomendaciones más importantes del informe de 2019 se refería a la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocidas como Faes; a esa recomendación no solo no se le hizo caso, sino que se les ha otorgado más poder.
Según Prado, las Faes habrían asesinado a 972 personas en ejecuciones extrajudiciales.
Además, señala que el Estado no ha buscado la forma de reparar a las víctimas ni de impartir justicia.
“El número de presentados en tribunales por estas causas es muy bajo. Solo conocemos el caso del escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, porque se trataba de ella”. Dijo Prado que reitera la necesidad de de disolver este cuerpo policial, al que distintas organizaciones de derechos humanos han calificado de “cuerpo de exterminio”.
Es una disolución que en el informe presentado por la oficina de Prado se señala que puede ser un simple acto ejecutivo.
El no hacerlo demuestra, para Prado, la poca voluntad por parte del gobierno de Maduro para cumplir con lo que recomendó la Alta Comisionada.
Destacó también que se han incrementado las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas.
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Además, pidió que cese la intimidación contra los pueblos indígenas que han protestado exigiendo mejoras en los servicios básicos.
Por último, Prado también recordó que las medidas que se deben tomar frente a la pandemia del coronavirus deben ser de carácter médico y no militar.
Prado recuerda que el gobierno de Maduro “no se ha manejado de forma profesional; han ocultado cifras y solo se han dedicado a intimidar, amenazar y generar más represión”.
El informe desarrollado por la oficina del Comisionado para los Derechos Humanos enviará su informe a la Alta Comisionada y a otras instancias internacionales.
