Caracas.- El gobierno encargado, que encabeza Juan Guaidó, solicitó una nueva modificación a contratos suscritos anteriormente. En esta oportunidad, se trata del contrato con la empresa que administra el llamado Fondo para la Liberación de Venezuela y atención en casos de riesgo vital.
La solicitud se realizó en la sesión virtual de este martes 2 de febrero, de la Comisión Delegada, instancia que representa la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015, donde se leyó una carta consignada por Juan Guaidó en la que remite un proyecto de contrato por medio del cual se modifica el acuerdo suscrito el 6 de agosto de 2020 con la agencia de servicios financieros BRV Administration Co. LLC y BRV Disbursement Co. LLC.
Al solicitar el informe con la petición de modificación que fue leído este martes para conocer más detalles, se informó que el mismo sería reservado a la Comisión de Finanzas hasta que sea discutido y presentado en la Delegada.
Vale destacar que en la solicitud leída durante la sesión no se detalló sobre esta modificación, en qué consistía o si se alteraba algún monto. Solo se señalaba que sería consignado a la Comisión de Finanzas para que apruebe o no los cambios.
¿Quiénes son BRV Administration Co. LLC y BRV Disbursement Co. LLC.?
Estas empresas, BRV Administration Co. LLC y BRV Disbursement Co. LLC. derivan de BlueRun Ventures (BRV) y fueron contratadas por el gobierno encargado para desempeñar funciones bajo dos figuras: administrar y ser agente de desembolso en el Fondo para la Liberación de Venezuela y atención en casos de riesgo vital.
Esa aprobación ocurrió en la sesión de la Asamblea Nacional del 9 de julio de 2020, por parte de la Comisión de Finanzas, aunque se había dado como un hecho el 7 de julio de ese año.
Esta empresa norteamericana de capital de riesgo, con base en Delaware, cobró, en aquel momento, 1.250.000 dólares por sus servicios.
El informe de la Comisión de Finanzas señalaba que cualquier inconveniente se dirimiría en tribunales de Nueva York, Estados Unidos.
Según los documentos publicados en la Gaceta Legislativa, de fecha 8 de julio de 2020, se observaba la modificación tanto de la Ley Especial del Fondo para la Liberación como de su Reglamento.
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Se trata de los artículos 8 de la ley y 16 del reglamento que señalan a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que cumpla un papel de tesorero a través de la asistencia técnica. Sin embargo, en la nota de prensa publicada junto a la Gaceta Legislativa se leyó en aquel momento:
«Tras distintas rondas de conversaciones del Gobierno Legítimo con representantes de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos se concluyó que, tanto por dificultades técnicas y como por el importante ahorro económico que iba a significar para el Estado venezolano, resultaba más práctico y eficiente delegar en las organizaciones internacionales privadas especializadas la administración del fondo. Sin embargo, mantenemos la mayor comunicación y trabajo permanente con la OEA para este y los demás del Gobierno interino».
Una modificación que, por cierto, no fue comentada o discutida ni en la sesión del 7 de julio ni en la del 9 de julio de 2020.
Rechazan violencia contra la mujer y contra la migración venezolana
En la sesión de este martes 2 de febrero, se rechazó la violación de una joven venezolana en Argentina.
Aunque el tema ha sido ampliamente difundido por la prensa regional, los diputados aprovecharon para señalar que el gobierno de Nicolás Maduro también ejerce violencia contra las mujeres en Venezuela. Específicamente contra mujeres que se desempeñan en la política y se oponen a Maduro.
Sonia Medina (Táchira-VP) indicó que muchas mujeres han sido vejadas, mientras están en la búsqueda de una mejor calidad de vida para ellas y sus familias fuera de Venezuela. Asimismo, criticó que la jueza argentina Karina Zucconi dejara en libertad al agresor de la venezolana, Irineo Humberto Garzón, y exigió el cese de la violencia contra las migrantes venezolanas. Otros parlamentarios incluso utilizaron el tema para hablar de la unidad.
Cosas como las redes de trata de personas que funcionan en el país y que han afectado a varias mujeres en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, no fueron abordadas. Tampoco el aumento en casos de violencia doméstica a raíz de la pandemia.
La Comisión Delegada aprobó un acuerdo en el que se rechaza «de forma categórica, este episodio violento y cualquier otro que haya tenido lugar para con una venezolana dentro o fuera de nuestro territorio». También exigen al Estado argentino, en su conjunto, que haga justicia en el caso de esta joven venezolana y que su agresor sea castigado con prisión.
Además, desde la Comisión Delegada se hace un llamado al resto de los Parlamentos de la región para que tomen en cuenta la condición de desplazamiento forzado, producto de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela e incluyan medidas legislativas que protejan a las mujeres en cada uno de sus países.
Por último, instan a la Organización de Estados Americanos (OEA) a «consolidar una iniciativa regional conjunta que permita abordar la problemática de las mujeres venezolanas desplazadas y migrantes de manera integral y en todos los niveles, en donde participen parlamentarios, ministerios, secretarías públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil para armonizar estrategias de protección de los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia de género».
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Las decisiones de Perú y Ecuador de reforzar sus fronteras para impedir el acceso de venezolanos a esos países también fueron cuestionadas en la Delegada. Jony Rahal (Nueva Esparta-PJ) rechazó, además, que un militar hiciera disparos al aire para que los migrantes venezolanos no ingresaran a territorio ecuatoriano.
Rahal indicó que en el caso de los peruanos, «deberían sentir empatía, ya que tienen cerca de tres millones fuera del país desde los 90». Dijo que la xenofobia ha sido «inducida» por algunos políticos peruanos y pide abordar la situación de los migrantes venezolanos desde un enfoque de derechos humanos empezando por dejarlos de llamar ilegales.
Rahal señaló que entiende el derecho legítimo de los países de custodiar sus fronteras pero pide que no se vulneren los derechos de los venezolanos que salen huyendo del país.
Gaby Arellano (Táchira-independiente) recordó que los venezolanos son desplazados forzosos y que la situación se agudiza en las fronteras de Colombia, Perú, Ecuador o Chile por lo que pidió que desde la Asamblea opositora y el gobierno encargado se comuniquen con los países del Grupo de Lima.
Desde la Delegada señalaron que de los casi seis millones de venezolanos que han huido del país, cerca de 2,5 millones serían mujeres.
Aunque debía leerse un acuerdo, el primer vicepresidente de la Asamblea opositora, Juan Pablo Guanipa, informó que había observaciones al mismo y que buscarían consensos para presentar el texto en la sesión de la próxima semana.
