Caracas.- Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido así por más de 50 países, reaccionó ante las denuncias sobre presunta malversación de unos fondos destinados a la atención de más de cien militares que decidieron desertar y cruzar la frontera hacia Colombia el 23 de febrero.
Tres tipos de contraloría tendrán en definitiva estos fondos que provienen de “particulares” y que ascienden a 90.000 dólares.
La primera es la investigación que ya adelantaba hace dos meses el representante diplomático en Colombia y designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti y que el propio Guaidó define como “rendición de cuentas”. La segunda, por la Fiscalía de Colombia, a donde por cierto este martes llegará la solicitud formal por parte de Calderón Berti, y la tercera de Transparencia Internacional.
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“Para nosotros, 90.000 dólares es un escándalo, el solo hecho de que en un artículo se hable de esto, y por eso decidimos solicitar a la Fiscalía colombiana y a Transparencia Internacional su ayuda. Para nosotros, cada centavo, bolívar o dólar es sagrado”, señala Guaidó y agregó que las personas señaladas deberán rendir cuentas y estaban separadas de sus cargos hace dos meses.
Estas personas señaladas son Rossana Barrera y Kevin Rojas. Consultado sobre el porqué fueron designadas esas personas para tal responsabilidad, Guaidó respondió que por “ser militantes (de VP) en Táchira y por su cercanía”. Además, señaló que también eran perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Según Guaidó, la designación de estas personas como “enviados operativos” no correspondía llevarla a la Plenaria de la Asamblea pero, con base en el Estatuto de la Transición (artículo 6, numeral 2, artículo 14) los actos del presidente encargado serán tutelados y aprobados por el Parlamento.
Insistió en destacar la diferencia entre ayuda humanitaria y el apoyo a militares. Y más aún, que el dinero o fondos recolectados para la ayuda y el dinero recaudado por el concierto “Venezuela Aid Live”, que ascendería a tres millones de dólares, no fueron ni son manejados por él o su administración; tampoco recursos públicos del Estado, tal y como expresa el artículo 36 del Estatuto.
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También aclaró que la ayuda destinada a los militares venezolanos se dio por “la saturación” de Acnur y las autoridades colombianas, que tienen a su cargo a estos, más de cien oficiales, muchos con familia.
Para quien también es cabeza del Parlamento, el gobierno de Nicolás Maduro “no perdona que se hayan congelado y protegido activos de la República (…) Venezuela tiene 20 años esperando una rendición de cuentas (…) Son más de 300 mil millones de dólares que se robaron”. Y hace énfasis en que no permitirán un mal manejo de dinero, “sea el monto que sea”.
Le consultaron si este episodio lo llevará a revaluar todos los nombramientos y designaciones que ha hecho y si habrá alguna “fórmula” para nuevas incorporaciones a su equipo.
Las tareas de atención a militares que llevaban Barrera y Rojas ahora serán asumidas por la Embajada de Venezuela en Colombia en coordinación con Acnur y con el gobierno colombiano.
Guaidó asegura que el patrimonio público no está comprometido y garantiza que, a diferencia del gobierno de Maduro, responderán ante cada denuncia y de haber un responsable será castigado.
