Foto: archivo
Caracas.- Desde el pasado 31 de diciembre y por un lapso de dos años, el gobierno de Nicolás Maduro extendió el decreto de inamovilidad laboral a los trabajadores, tanto del sector público como del privado.
El decreto N° 4.414 se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.611 del pasado 30 de diciembre, y en su artículo 2 establece que “las trabajadoras y trabajadores amparados por este Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción”.
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De acuerdo con el documento, quedan exentos de este decreto los empleados que ejerzan cargos directivos y aquellos que cumplen contratos por tiempo definido, bien sea por tiempo o por funciones determinadas.
Además, aclara que, si un trabajador es despedido o sus beneficios son desmejorados de alguna forma, dispone de hasta 30 días para interponer una denuncia ante el inspector del trabajo de la jurisdicción y solicitar el restablecimiento de su puesto de trabajo y demás beneficios contractuales.
Asimismo, establece sanciones para los empresarios o patronos que obstaculicen o desacaten la orden de reenganche y restitución de un trabajador.
Esta medida comenzó a aplicarse en 2002 por órdenes del fallecido presidente Hugo Chávez, y ha sido continuada cada año por el de Maduro.
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Desde sus inicios, dirigentes empresariales y gremiales han denunciado que la inamovilidad laboral es una medida que afecta el desarrollo económico del país.
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