La Cancillería asegura en un comunicado que Guyana está aparentando un acto de agresión | Foto: Archivo
Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro denunció este domingo, 25 de octubre, el incumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por parte de España al permitir la salida de Leopoldo López de la residencia de su embajador en Venezuela y recibirlo en Madrid.
En un comunicado publicado por el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, se señala que el Reino de España cometió actos de injerencia en su relación con el Estado venezolano y sus instituciones.
«La inédita violación del contrato internacional que rige las relaciones civilizadas entre los Estados se remonta, al menos, al año 2017 y ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el Embajador español acreditado en Caracas», dice parte del texto.
Recuerda el documento que tras la expulsión del embajador Jesús Silva, en enero de 2018, se acordó con las autoridades españolas su regreso en abril de ese año bajo el compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales.
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Sin embargo, continúa el texto, «la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aun más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado por la justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014».
El gobierno de Maduro dice que aunque el Ministerio de Exteriores de España se comprometió a no permitir la acción política de Leopoldo López, desde su residencia oficial el líder de Voluntad Popular planificó la operación Gedeón.
Asimismo, se acusa al jefe de la misión diplomática española en Venezuela de «principal organizador y cómplice» de la salida del país del opositor.
«De esta manera, el Reino de España participa activamente en la fuga de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia», agrega el comunicado.
En el texto se añade que realizarán las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
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