Caracas.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ejecutó un operativo en el estado Apure el pasado domingo 21 de marzo contra grupos irregulares en el que, según el parte oficial, mataron a alias “el Nando” y detuvieron a 32 personas sin especificar si eran parte del grupo irregular o civiles. Tampoco detallaron cuántos heridos habría, pero sí confirmaron la muerte de dos militares venezolanos.
Esta información, poco usual por parte del gobierno de Nicolás Maduro, no es suficiente para la Asamblea Nacional opositora, por lo que acordaron investigar lo ocurrido en el estado fronterizo durante la sesión virtual de este 23 de marzo.
Para la diputada electa en 2015 Gaby Arellano, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea no se abocan lo suficiente al problema como para visitar los estados fronterizos, por lo que pide mayor presión ante lo que califica de “pérdida del territorio”.
Arellano señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen el control en muchos estados del país, pero que, “a diferencia de Colombia, no hay una Fuerza Armada que las combata”. Y es que Arellano sostiene que una parte de la FAN “defiende los intereses” de Iván Márquez y Jesús Santrich, líderes de estos grupos.
Asegura además que operativos como el del pasado domingo se repiten en otras partes del país sin que exista un balance real y con el consecuente desplazamiento de familias venezolanas hacia Colombia. Los parlamentarios opositores calculan que más de 600 venezolanos habrían cruzado la frontera debido a la violencia de este fin de semana. Arellano agrega que seguirán documentando los testimonios de las víctimas.
Karim Vera, también diputada electa en 2015, se suma a lo dicho por Arellano y pide que desde el Parlamento opositor se visibilice lo que ocurre en la frontera con Colombia.
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Por otro lado, el despido de trabajadores de la Asamblea Nacional oficialista por parte de Jorge Rodríguez será documentado y denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales vinculadas a los derechos laborales.
Los parlamentarios opositores rechazaron la acción de Rodríguez, presidente del Parlamento de Nicolás Maduro electo en 2020, y que se conoció a través de un audio el 20 de enero de 2021.
Aunque el hecho ocurrió hace dos meses, los opositores señalaron que se viola la inamovilidad laboral y los derechos contractuales de los trabajadores de la AN, además de exponer a la “incertidumbre” a cientos de familias en un momento de pandemia.
La diputada electa en 2015 Nora Bracho calificó el hecho de persecución y pidió no dejarlos solos. Recordó que ya Luis Parra había despedido a 650 funcionarios.
Andrés Rivero, despedido con más de 30 años de servicio y que dirige la ONG Defiende tu derecho, responsabilizó a los sindicatos legislativos de no hacer nada para impedir los despidos.
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