Foto: Archivo
La Fundación Simón Bolívar, organización caritativa privada dependiente de la petrolera Citgo, emitió la noche de este viernes, 30 de octubre, un comunicado en el desmintieron las declaraciones del exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, donde les acusa desviar los fondos de la empresa para financiar a partidos y políticos opositores en Venezuela.
En su pronunciamiento, señalaron que la fundación se encuentra registrada en Estados Unidos bajo la modalidad de una organización de tipo 501(c)(3), es decir, organizaciones sin fines de lucro de carácter exclusivamente religioso, caritativo, científico, literario o educativo, por lo que solo pueden realizar labores humanitarias que son constantemente supervisadas y auditadas por el Servicio de Impuestos Internos y demás autoridades del gobierno norteamericano.
«La Fundación Simón Bolívar tiene explícita y estrictamente prohibido el financiamiento de partidos políticos y de cualquier tipo de actividad política tanto en los Estados Unidos como en cualquier otro país», aclaran.
Manifestaron que desde la llegada de la junta directiva ad hoc de Citgo en el año 2019, se mejoraron los controles internos para garantizar su transparencia, por lo que con frecuencia presentan reportes detallados sobre su desempeño tanto a la compañía como a las instancias regulatorias de EE. UU. y públicamente, mediante comunicaciones de prensa.
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Igualmente, señalaron que la fundación es rigurosa con las organizaciones con las que trabaja, limitándose solo a aquellas que también posean rango 501(c)(3), o instituciones registradas en EE. UU. que tengan los mismos estándares corporativos.
«Todos los procesos de subvención que se han firmado con la Fundación Simón Bolívar son regulados bajo estrictas claúsulas anticorrupción, y conflictos de intereses incluyendo inelegibilidad de para recibir subvenciones a organizaciones privadas que tengan algún lazo familiar de cualquier tipo con personas de gobierno alguno, sino también de cualquier organización política», agregan.
La organización rechazó que se pretenda inculpar a su presidenta Mariela Poleo, de pagar 12.000 dólares al periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, para presuntos planes desestabilizadores, así como utilizar los recursos de Citgo, propiedad del Estado venezolano y destinados a la atención médica de personas desfavorecidas, para los intereses personales de partidos y dirigentes políticos.
«La misión de la Fundación Simón Bolívar es y será siempre mejorar la salud de poblaciones vulnerables con especial atención a madres y niños venezolanos dentro y fuera de Venezuela. La crisis humanitaria compleja que se vive en el país y que ha sido agravada por la pandemia de COVID-19 necesita ser atendida inmediatamente. La fundación rechaza categóricamente cualquier intención de penalizar, de una manera tan inconcebible, la asistencia valiosa que ha sido proporcionada a estas personas que lo necesitan», sentencia.
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La fundación fue creada en el año 2006 como una rama de Citgo Petroleum Corporation dedicada a la responsabilidad social y que opera como una organización sin fines de lucro privada con base en Estados Unidos.
Desde su creación, la fundación ha funcionado como un patrocinador que emplea recursos provenientes de la empresa filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y contemplados dentro de su presupuesto anual para financiar a proyectos y organizaciones de carácter humanitario. Su trabajo actualmente está enfocado en la salud, principalmente en la atención médica para poblaciones en riesgo.
De acuerdo con su página web, su misión es «mejorar la salud de las personas vulnerables afectadas por desastres, conflictos y pobreza, con especial atención a los niños y las madres venezolanas dentro y fuera del país». Para ello brindan asistencia económica a proyectos dedicados a la dotación de insumos y medicinas a comunidades necesitadas, capacitación y equipamiento de personal médico y articulación con líderes comunitarios para la atención de personas vulnerables.
El 26 de enero de 2019 el gobierno interino de Juan Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, tomó control de Citgo y nombró una junta directiva ad hoc encabezada por Luisa Palacios que reestructuró los procesos internos de la empresa. En el mes de marzo fue nombrada Mariela Poleo como presidenta de la Fundación Simón Bolívar, quien venía de ser jefa de Finanzas y Control para la exploración y desarrollo en América del Norte de la empresa estatal petrolera de Noruega Equinor ASA. Es la primera mujer en ocupar el cargo dentro de Citgo.
En su portal, la fundación afirma que el enfoque de su nueva directiva está centrado en atender la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, para lo cual en el mes de agosto destinaron un millón de dólares como parte de su programa de medianas y grandes subvenciones a los proyectos Sanando Venezuela, de la organización Aid for Aids International; The Pan American Development y Food For The Poor, Inc., destinados a dotar de alimentos y medicinas tanto a personas necesitadas como a migrantes venezolanos en América Latina.
Igualmente, recientemente donaron 500.000 dólares a la Cruz Roja para brindar atención primaria de salud y nutricional a más de 1.000 personas en sus campamentos ubicados en Caracas y Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. También en el marco de la pandemia de COVID-19, abrieron en agosto una convocatoria para recibir proyectos de ONG que puedan proveer de equipos de bioseguridad al personal médico en Venezuela, con una subvención de hasta 400.000 dólares distribuidos en donaciones de entre 50.000 y 100.000 dólares por año.
Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Un mes después del nombramiento de nueva junta ad hoc de Citgo, en febrero en 2019, estalló una polémica que involucraba a la fundación por la supuesta paralización del programa de trasplantes de médula ósea financiada por la institución.
En un principio el gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el hecho a las sanciones económicas que Estados Unidos había impuesto a Pdvsa en enero de 2019 y que imposibilitaba los recursos y pagar a la Asociación para el Trasplante de Médula de Italia (Atmo), con la cual se había firmado un convenio en 2016. No obstante, luego se comprobó que la deuda era mucho anterior a la sanciones.
Una investigación realizada por El Pitazo y que nominada al Premio Roche de Periodismo de Salud reveló que desde julio 2018 Pdvsa no ha cumplido con los acuerdos suscritos con la Atmo. Enrica Giavatto, directora general de la asociación italiana, reconoce que actualmente la estatal petrolera adeuda más de 10 millones de euros sin los cuales el programa de trasplantes no puede ser reactivado. Igualmente, con la llegada del comandante Héctor Herrera a la Dirección de Salud de Pdvsa en septiembre de 2018, se decidió no renovar los contratos con los 12 hospitales encargados de las operaciones.
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