Caracas.- Representantes del Foro Penal informaron este lunes 1 de marzo a través de una rueda de prensa que desde 2014, más de 9 mil personas que estuvieron y aún se encuentran encarceladas por motivos políticos, no tuvieron juicio.
Alfredo Romero, director de esta organización, aseguró que autoridades del gobierno venezolano aplicaron la prisión preventiva como un castigo para centenares de personas. Es así como detenidos llevan hasta cuatro años en un limbo jurídico donde siquiera se ha determinado su culpabilidad, en determinados casos, y tampoco les han permitido su debido derecho a la defensa.
Actualmente permanecen 323 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos, 88 de estos aún no tienen condena, tal y como lo informó Romero. “No hablamos sólo de una cifra, se trata de personas que claman por justicia, que piden que los llamen a una audiencia, por eso hacemos campañas para denunciar constantemente, porque sus procesos no caminan”, acotó.
El vocero especificó que a 74% de los 323 presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio, otro 7% tuvo condena porque fueron obligados a admitir hechos a cambio de beneficios.
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Miembros del Foro Penal agradecieron la presencia de representantes de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a quienes reiteraron que los 323 presos políticos se encuentran privados de libertad de forma ilegítima. “No están cumpliendo con un proceso que posibilite el derecho a la defensa, para esto no existe justificación nacional ni internacional, es una clara violación a los derechos humanos”, precisó Romero.
A la rueda de prensa asistió Kerlin Rodríguez de Sánchez, esposa del teniente coronel de la Aviación, Ruperto Sánchez, quien explicó a pesar de que el detenido que permanece en la cárcel de Ramo Verde ya cumplió su pena en 2019, aún no se le ha otorgado su boleta de excarcelación.
“Además de la injusta situación que atraviesa porque es inocente, no recibe visita desde marzo del año pasado, hoy reclamo la libertad de mi esposo. En su expediente reposan las redenciones que demuestran que tuvo que salir el 31 de diciembre de 2019”, expuso Rodríguez.
Por su parte, Gonzalo Himbiob, vicepresidente del Foro Penal, precisó que “las estadísticas nos demuestran claramente que la verdad no cuenta, no interesa no se quiere cumplir con el objetivo de determinarla, lo que interesa es convertir el proceso en un castigo anticipado.
Con respecto al esquema de vacunación contra el COVID-19 que comenzó a notarse de forma graneada en el país, representantes de esta organización aseguran que no saben aún de ningún plan para priorizar la inmunidad de presos en general, aún más desconocen el nivel de prioridad que poseen presos políticos para autoridades nacionales.
“Siguen sin derecho a hacer llamadas telefónicas, iban a comenzar a autorizarse las visitas pero aún no se ha dicho cuándo, no podemos tener acceso a su situación, no sabemos qué les está pasando”, puntualizó Himbiob.
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